OBLIGACIONES EN TRANSICION: INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS DE EMERGENCIA


 

CONTRATO DE COMPRA VENTA - INMUEBLES – INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – OBLIGACIONES - Sistema económico y jurídico vigente - OBLIGACIONES EN TRANSICIÓN – ART. 1197 CÓDIGO CIVIL - Facultad revisora – INTERPRETACIÓN JUDICIAL - Objeto contractual - Principio de libertad contractual - INTERPRETACIÓN CONTRACTUAL – Contratantes – Intención común - “JUSTICIA CONTRACTUAL” - SISTEMA JURÍDICO EMERGENCIAL O DE HECHO – EMERGENCIA – LÍMITES - CONSTITUCIÓN NACIONAL – LEY 25.561 -  DECRETO 214/2002 - INCONSTITUCIONALIDAD – Legislación delegada- Límites - “Corralito financiero” – PESIFICACIÓN – SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL – OBLIGACIONES – Transformación compulsiva – DERECHO DE PROPIEDAD – Afectación – Principio del “pago exacto”: vulneración – PAGO - Principio de la “exactitud” - “Identidad” - “Integridad” – “Puntualidad” – IGUALDAD ANTE LA LEY – CARGAS PÚBLICAS – LEYES – RAZONABILIDAD – COMPRAVENTA – MONEDA EXTRANJERA – RÉGIMEN CIVIL -  DEUDOR – Incumplimiento – ART. 619 CÓDIGO CIVIL – DEUDOR MOROSO - INTERESES – Art. 622 CC

 

JCCyM Nº 4 SL - SD

"DEMO WILLIAMS ALBERTO C/ BRANCALEONE MIRTA Y OTROS-CUMP. DE CONTRATO", Expte. Nº 58400-D-2003.

Fecha: 4/05/10

HECHOS

El Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Minas hizo lugar al planteo articulado por el demandante y declaró la Inconstitucionalidad de la Ley N° 25.561 de “Emergencia Publica y Reforma del Régimen Cambiario” y su Decreto reglamentario N° 71 y Decreto N° 214 del Poder Ejecutivo Nacional como así también la restante legislación y normativa de emergencia e hizo lugar a la demanda de cumplimiento contractual.

La misma había sido interpuesta por el vendedor de un loteo residencial ante el incumplimiento contractual contra veintinueve adquirentes de los mismos. El vendedor inició el proceso ordinario, con el objeto de obtener el cumplimiento de las condiciones fijadas en los contratos. La venta se había realizado en el año 2001, pautándose el precio en dólares estadounidenses. Estas obligaciones fueron afectadas por la crisis económica de finales del año 2001 y alcanzadas por la legislación de emergencia que en aquel contexto se dictó. Para el magistrado, tanto la ley de “Emergencia Publica y Reforma del Régimen Cambiario”, como la restante legislación y normativa de emergencia dictada en consecuencia, trastocaron la noción del Derecho como unidad sistémica, lo que autoriza la declaración de su inconstitucionalidad.

El Juez determinó, en el caso, la inaplicabilidad de dicha normativa y, en consecuencia, su resolución mediante el régimen del Código Civil relativo a obligaciones en moneda extranjera. Ordenó, con todo, el cumplimiento íntegro de los contratos y la efectiva satisfacción de las obligaciones a su cargo mediante el pago en dólares de las cuotas pactadas con más los intereses legales, con integración -en cada caso- de la diferencia resultante en las cuotas correspondientes y abonadas a cuenta en pesos.

                   

SUMARIO

1.- De los hechos se infiere que se trata de “obligaciones generadas (creadas por las partes, según fecha de los boletos de compra y venta) en el sistema económico y jurídico de la ley 23.928 y que proyectan sus efectos a cumplir en el nuevo escenario económico y jurídico de la ley 25.561, constituyéndose ésta categoría en el núcleo más problemático, las que denominaremos obligaciones en transición, concebidas en un sistema jurídico y económico pero que deben cumplirse en otro escenario absolutamente diferente” (KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, Emergencia y seguridad jurídica, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 2002-1, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, p. 48). Dr. José Agustín Ruta

2.- Este principio que surge plenamente del art. 1197, y gobierna la vida contractual, comprende: a) la libertad para relacionarse con personas determinadas, respecto de objetos específicos, formas y eficacia del acuerdo; b) faculta para obligarse o dejar de hacerlo; c) permite establecer vínculos de las más variadas prestaciones, siempre que no afecten las normas de orden público (art. 21); d) da pie a la libertad en la manifestación del consentimiento, excepto en casos en que las normas imponen formalidades absolutas (art. 975, 1184 a 1187); e) acepta que los efectos sean los queridos por las partes, y f) postula el respeto a la palabra empeñada como si se tratara de la ley.- Dr. José Agustín Ruta

3.- Jurisprudencia que comparto ha sostenido que: “La facultad revisoria del contrato no puede ser ejercida y admitida judicialmente cuando media expresa e inequívoca resistencia del demandado, pues ello comportaría erigir a los jueces en intérpretes del interés de las partes, sustituyéndolos en la modificación de los términos y condiciones contractuales -lo que en último sentido, implica contratar-, sin apoyo o fundamento legal, lo que equivale a desconocer el principio de la autoregulación de los intereses privados, sin que medien razones, superiores de orden público o interés social que justifiquen su intervención (arts. 17 y 19, Constitución Nacional; 21, 1137 y 1197, Cód. Civil)” (CNCom., Sala C, 1983/05/05, La Ley, 1983-C, 410).- Dr. José Agustín Ruta

4.- El presente caso debe ser analizado y resuelto bajo ésta directiva de interpretación jurídica dirigida a entender el significado y a fijar el alcance del objeto interpretado (en el caso, compra y venta de inmuebles cuyo precio fue pactado en dólares); interpretación de los actos de autonomía que abarca a los negocios jurídicos, entre ellos los contratos, dilucidando su causa fuente, entendiendo que el silencio de las partes no puede ser llenado por los jueces, por respeto al principio de libertad contractual… Dr. José Agustín Ruta

5.- En la interpretación contractual debe ser desentrañada la intención común de los contratantes, y no sólo la de uno de ellos (CNFed. Civ. y Com., Sala II, 1994/02/15, La Ley, 1995-B, 539, con nota de COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén H., Interpretación de los contratos).- Dr. José Agustín Ruta

6.- Sin perjuicio de la normativa específica aplicable al caso teniendo en cuenta las distintas vías alternativas, por lo menos, para interpretar la solución frente a un conflicto en un contrato de compraventa en virtud del incumplimiento –tal como adelante se desarrollará-, como así también se considerará especialmente, la denominada “justicia contractual”, que es la justicia para el caso concreto en el marco de un acuerdo celebrado entre las partes, puesto que: “Cuando las expresiones empleadas en un contrato son claras e inequívocas sólo cabe al juez aplicarlas, sin hermenéuticas adicionales (conf. art. 1137, Cód. Civil) (CNCiv., Sala B, 1995/04/19, La Ley, 1997-E, 1024 -39.831-S-).- Dr. José Agustín Ruta

7.- Resulta pues indudable, que era ante todo un planteamiento de inconstitucionalidad el que merecían las modificaciones legales introducidas en el ámbito de los contratos (advierto que en éste caso es entre las entidades financieras y los particulares, que dio lugar al conflicto vulgarmente denominado “corralito financiero”) celebrados hasta fines del año 2001 en moneda extranjera y que luego fueran pesificados por la ley 25.561 y demás disposiciones complementarias y modificatorias. Al respecto, el primer argumento –que comparto- en que se funda la Corte Suprema es la circunstancia de que lo normado en el decreto 214/2002 sobrepasa y excede el marco de la delegación e facultades concedida por la ley 25.561… Dr. José Agustín Ruta

8.- Bien se ha podido señalar que: “El problema es cuando un decreto del Poder Ejecutivo, como el decreto 214/2002, excede incluso las pautas de la norma legal originaria de la emergencia y se alza en su camino contra la propia ley y contra la misma Constitución” (CARNOTA, Constitución, pesificación y devolución de depósitos … cit., p.1, N°7.), atento a que es obvio que de esa manera se infringe el principio de la prelación jerárquica de las normas jurídicas del articulo 31 de la Constitución Nacional, lo que sin duda resulta manifiestamente arbitrario e inconstitucional.- Dr. José Agustín Ruta

9.- El decreto del Poder Ejecutivo Nacional 214/2002 resulta igualmente inconstitucional, en cuanto viola también otras importantísimas garantías constitucionales, cuales son el derecho de propiedad y la consecuente seguridad jurídica, ambos amparados por nuestra Magna Carta. Dr. José Agustín Ruta

10.- El citado decreto 214/2002 transformo compulsivamente a PESOS obligaciones contraídas libremente en “DOLARES ESTADOUNIDENSES” con ajuste a lo establecido en los artículos 617 y 619 del Código Civil (reformados por la Ley 23.928 y ratificados por el Art. 5° de la propia ley 25.561), ya que de esa forma se vino a modificar la “naturaleza” de la primitiva obligación contratada entre las partes, con el grave perjuicio para ambas, o al menos para una de ellas, de la perdida de su real poder adquisitivo intrínseco… Todo lo cual –entiendo-, afecta sin duda al derecho de “propiedad” garantizado en los artículos 14, 17, 29 y concordantes de la Constitución Nacional, siendo por ello, obviamente, por completo arbitrario e inconstitucional. Dr. José Agustín Ruta

11.- El sistema jurídico impugnado, fundado en la emergencia, ha arrasado lisa y llanamente con la garantía constitucional de la propiedad y destruido – como se apunto – el presupuesto, también constitucionalmente establecido, de la seguridad jurídica con total olvido de que cuando se recurre a los poderes de emergencia se lo hace con el objeto de amparar y defender el orden preestablecido pues ella no suprime la legitimidad constitucional sino que la garantiza por vía de remedios extraordinarios.- Dr. José Agustín Ruta

12.- No caben dudas de la inconstitucionalidad de la pesificación ya que, dispone forzadamente el cambio de la moneda pactada pesificando obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en moneda extranjera. Dr. José Agustín Ruta

13.- No hay relación de causalidad entre el medio elegido: pesificar y el fin propuesto: reactivar el funcionamiento de la economía y crear condiciones para el crecimiento económico sustentable. El cambio de moneda confisca el derecho de propiedad y aniquila el derecho adquirido a la devolución de la misma especie, calidad y  cantidad de la moneda en que está expresada la obligación, en los términos de los artículos 617 y  619 del Código Civil. La confiscación fue hecha en beneficio de los deudores entre los que se encuentran el propio Estado pesificador.- Dr. José Agustín Ruta

14.- Cuando ha decidido la constitucionalidad de leyes que en situaciones de emergencia han suspendido temporalmente los efectos de los contratos lo ha hecho, empero, con la expresa aclaración de que ello será así siempre que no se altere su sustancia: la “restricción debe ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la substancia o esencia del derecho adquirido…”, añadiéndose que “esta sometida al control jurisdiccional de constitucionalidad, toda vez que la situación de emergencia, a diferencia del estado de sitio, no suspende las garantías constitucionales”, debiéndose mantener “incólume y en su integridad la sustancia de los mismos (los contratos), como así la de los derechos y obligaciones que crean o declaren (CSJN, 15-5-59, “Russo c/ C. de Delle Donne”, Fallos 243:472; 27-12-90, “Peralta c/ Estado Nacional”, L.L. 1991-C-158 y ss., etc.).- Dr. José Agustín Ruta

15.- El incumplimiento de la compraventa celebrada con anterioridad a la ley 25.561, cuyo precio se pactó en moneda extranjera y que por aplicación del decreto 214/2002 y normativa complementaria y concordante se transformó inconstitucionalmente en obligación a pagarse en pesos, debe encuadrarse para su resolución en el sistema normativo clásico de incumplimiento en moneda extranjera (arts. 617, 619, 623 y cctes. del Cód. Civil).- Dr. José Agustín Ruta

16.- A tenor de los artículos 617 y 619 de nuestro Código Civil, resulta pues plenamente factible en la actualidad contraer obligaciones en monedas extranjeras, con validez aun para el ámbito interno de nuestro país.- Dr. José Agustín Ruta

17.- Siguiendo jurisprudencia que comparto surge que: “La obligación contraída en moneda extranjera debe pagarse en la misma especie de moneda designada” (CNCom, sala E, 16-12-96,L.L. 1998-D-849, S-40.532; SCBA, 12-4-94, D.J. 1992-2-840 Y DJBA 146-3320) y que la modificación introducida por la ley 23.928 a los artículos 617 y 619 del Código Civil, que ubica a las obligaciones en moneda extranjera entre las de dar sumas de dinero, con derogación de las regla de cumplimiento por equivalente, “significa que la moneda extranjera como objeto del pago tiene poder cancelatorio, ya que al vencimiento de la obligación deberá darse la especie designada en ella; esto es, la obligación contraída en dólares deberá ser saldad en dólares” (SCBA, 12-4-94, D.J. 1994-2-840 Y DJBA 146-3320).- Dr. José Agustín Ruta

18.- El actor tiene derecho por el principio de identidad e integridad del pago a recibir ni más ni menos que aquella cosa a la que se obligó el deudor, es decir, dólares. Así lo dispone el art. 740 del Código Civil… Dr. José Agustín Ruta

 

19.- Cabe tener en cuenta con relación al postulado precitado –ref. art. 1197 CC- y la fuerza obligatoria expuesta, las siguientes consecuencias: a) lo estipulado por las partes prevalece por sobre la ley no imperativa, usos y costumbres; b) los jueces deben reconocer y hacer respetar esas estipulaciones, libremente acordadas por las partes; c) los jueces están llamados a interpretar los contratos, como lo hacen con la ley (arts. 16 y 1198), y, en principio, no pueden rectificar o limitar el alcance de las convenciones por razones de equidad; d) los jueces se ocupan de hacer ejecutar o cumplir los contratos, juzgando si ese cumplimiento se ha respetado o no por las partes y si éstas han actuado de acuerdo con los estipulado.- Dr. José Agustín Ruta

20.- “La interpretación auténtica es en este caso una declaración posterior de las partes que fija y define lo querido mediante un acuerdo”, cuyas palabras (las del contrato) “deben entenderse acorde el lenguaje de las personas en su actuación común y corriente, siendo la “la buena fe el pivote fundamental de la interpretación contractual”... (CNFed. Civ. y Com., Sala II, 1994/02/15, La Ley, 1995-B, 539, con nota de COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén H., Interpretación de los contratos).- Dr. José Agustín Ruta

21.- Debe buscarse la coherencia sobre la base de que no hay un sistema jurídico emergencial o de hecho, extraño al que tiene como base la Carta Magna… también cabe valorar las consecuencias de la amplia tolerancia a las restricciones de los derechos contractuales por razones de emergencia consolidada a lo largo más de setenta años.- Dr. José Agustín Ruta

22.- Entiendo, la excepción se ha convertido en regla y los remedios normales han sido sustituidos por la anormalidad de los remedios. Esta fundamentación de la regla de derecho debilita el compromiso de los individuos con las leyes y los contratos, ya que la emergencia permanente destruye todo cálculo de riesgos y restringe el funcionamiento económico… la Constitución y la ley deben actuar como mecanismos de compromiso elaborados por el cuerpo político con el fin de protegerse a sí mismo contra la previsible tendencia humana a tomar decisiones precipitadas… Un sistema estable de reglas y no su apartamiento por necesidades urgentes es lo que permite construir un Estado de Derecho.- Dr. José Agustín Ruta

23.- La Constitución Nacional es de orden público y no admite pacto o sentencia en contrario.- Dr. José Agustín Ruta

24.- Según se advierte, el Congreso fijo una pauta precisa –ref. Ley 25.561 artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 15, 19 y 21-, que fue desatendida por el Poder Ejecutivo Nacional al dictar el decreto 214/02. El Poder Legislativo, conforme al texto legal, solo lo había habilitado a actuar para afrontar la crisis, con la limitación de preservar el capital perteneciente a los ahorristas que hubieren realizado depósitos en entidades financieras a la fecha de entrada en vigencia del decreto 1570/01, operaciones entre las que estaban expresamente incluidos los depósitos realizados en moneda extranjera. Dr. José Agustín Ruta

25.- Como consecuencia de tales medidas –ref. decreto 214/2002- se vino a provocar una muy grave mutación jurídica económica en el país, consumándose “el iter de la devaluación convirtiendo todas las deudas concebidas en moneda extranjera a deudas en pesos”, o sea que el Poder Ejecutivo por su sola autoridad, valiéndose de facultades que le fueran delegadas por el Congreso, procedió a convertir todos los negocios jurídicos “con vulneración del principio del pago exacto, el cual entrañaba la moneda de pago y cumplimiento del plazo” (MALLO RIVAS, Augusto, Notas con motivo del decreto 214/02, en E.D. 196-1065, N°3.); vale decir, lo que se conoce como el principio de la “exactitud” del pago, que es comprensivo de: la “identidad” entre lo debido y lo pagado, la “integridad” – todo lo adeudado – y la “puntualidad” del pago de los artículos 740 a 742, 744, 750, 776, 777 y concordantes del Código Civil (TRIGO REPRESAS, Félix A., en CAZEAUX, Pedro N. y TRIGO REPRESAS, Félix A., Derecho de las Obligaciones, 3° ed., Platense, La Plata, 1991, t. III, ps. 138 y ss., N° 1417).- Dr. José Agustín Ruta

26.- Con relación a la emergencia nuestro Supremo Tribunal Federal con distinta composición, en los casos "Smith", "Peralta", "Provincia de San Luis", entre otros, expresó que "los mecanismos ideados para superar la emergencia están sujetos a un límite"; que "la limitación fijada por las sucesivas normas, muestra un ejercicio carente de razonabilidad de la facultad normativa tendiente a conjurar el trance... (que)... tal restricción implica una violación a los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional en tanto desconoce el derecho de las personas a disponer libremente y en su totalidad de su patrimonio". Dr. José Agustín Ruta

27.- Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación el 26-08-25, en sentencia recaída en la causa "Leonardo Mango c. Ernesto Traba", marcó en esa oportunidad una doctrina en torno a la transitoriedad de las restricciones fundadas en la emergencia. Dijo el Tribunal: a) "que se trata de una medida transitoria y de corta duración"; b) "pero este régimen anormal no puede encontrar suficiente justificativo cuando se lo convierte de hecho en una norma habitual" (Fallos 136:161). Dr. José Agustín Ruta

28.- La Corte ha señalado que el contenido del derecho constitucional de propiedad se vincula con la noción de derechos adquiridos, o sea, con derechos definitivamente incorporados al patrimonio de una persona (Fallos: 312:1121). De ahí que también el Tribunal haya sostenido que “cuando bajo la vigencia de una ley un particular ha cumplido todos los actos y obligaciones sustanciales y requisitos formales previstos en ella para ser titular de un derecho, debe tenérselo por adquirido, y es inadmisible su modificación por una norma posterior sin agraviar el derecho constitucional de propiedad” (Fallos: 296:737; 299:379; 303:1835 y 1877; 307:305).- Dr. José Agustín Ruta

29.- El traslado del perjuicio de quien había asumido el riesgo a quien está contractualmente eximido de sus alcances es de insanable nulidad. ¿Para  qué  se  pacto en moneda extranjera? La pesificación viola la garantía según la cual todos somos iguales ante la ley y frente a las cargas públicas.- Dr. José Agustín Ruta

30.- Según nuestra Corte Suprema las leyes deben ser razonables, vale decir que deben guardar una adecuada proporción entre los fines que persiguen y los medios instrumentados a tal efecto (CSJN, 28-12-77, “Juan R. Azar”, Fallos 299:428, cuyo considerando 5° enumera una gran cantidad de precedentes de igual sentido. BIANCHI, Alberto b:, La Corte Suprema ha establecido su tesis oficial sobre la emergencia económica, en L.L. 1991-C-166, N° VII y nota 134; BIDART CAMPOS, German J., Tratado elemental de derecho Constitucional, Ediar, Buenos Aires, 1986, t. I, p. 229; PADILLA, Miguel Lecciones de derechos humanos y garantías, Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 1986, p. 75, etc.). Dr. José Agustín Ruta

31.- La norma en cuestión (Decreto 214/2002), como así también toda la restante legislación y normativa de emergencia dictada y la “pesificación”, atenta contra el ordenamiento supra legal consolidado en la Constitución Nacional y no lo complementa coherentemente y por ende resulta inconstitucional.- Dr. José Agustín Ruta

32.- Cabe inferir a fortiori que la Ley N° 25.561 de “Emergencia Publica y Reforma del Régimen Cambiario” y su Decreto reglamentario N° 71 del 9 de enero de 2002 y el Decreto N° 214 de fecha 4 de febrero de 2002 del Poder Ejecutivo Nacional como así también la restante legislación y normativa de emergencia dictada en consecuencia, suscitan un grave trastocamiento de la noción del Derecho como unidad sistémica lo que supone y autoriza la declaración de inconstitucionalidad de las normas precitadas y su consecuente inaplicabilidad al caso, todo lo que aquí se resuelve.- Dr. José Agustín Ruta

33.- En éste sentido, la resolución del presente caso debe ser justipreciada bajo la directiva de interpretación jurídica dirigida a entender el significado y a fijar el alcance del objeto interpretado (en el caso, compra y venta de lotes de terreno cuyo precio fue pactado en dólares); mediante una interpretación auténtica del contrato y la declaración de las partes que fijan y definen lo querido mediante un acuerdo; todo ello para llegar a la justicia contractual del caso.- Dr. José Agustín Ruta

34.- El tratamiento que el régimen civil otorga a ésta situación donde no se aplica la legislación de emergencia por su inconstitucionalidad declarada es el que se encuentra previsto y establecido en los artículos 617, 619 y concordantes del Código Civil que en síntesis prevé que en el contrato donde se había pactado en moneda extranjera, el comprador para cumplir con dicho pago debe pagar en la moneda extranjera y en el momento en que ésta debía entregarse para cumplir con el pago.- Dr. José Agustín Ruta

35.- La no entrega del precio en la moneda pactada dejaría al deudor en una situación de incumplimiento de las prestaciones a su cargo.- Dr. José Agustín Ruta

36.- Conforme a la nueva redacción del articulo 619 del Código Civil, la obligación de entregar una suma de determinada especie o calidad de moneda, se cumple “dando la especie designada, el día de su vencimiento”; resulta que en el porvenir cualquier obligación contraída en moneda extranjera deberá cumplirse “dando la especie designada” y no ya con su equivalente en moneda nacional, conforme al tipo de cambio existente en el lugar y día del vencimiento de la obligación, tal como anteriormente se aceptaba por la mayoría de nuestra doctrina y jurisprudencia… Dr. José Agustín Ruta

37.- El acuerdo que el demandante instrumentó y celebró con cada uno de los demandados mediante los boletos de compraventa acompañados como documental, generaron lo que se denominó al principio “obligaciones transitorias”, las cuales se encuentran reguladas según lo desarrollado en la presente por los artículos 617, 619 y 622 del Código Civil… estas obligaciones en transición, las compra y ventas pactadas en moneda extranjera, particularmente en dólares y los artículos premencionados constituyen las normas básicas para la resolución del conflicto. En lo sustancial disponen que si por el acto que se ha constituido la obligación, se hubiere estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero; y si la obligación del deudor fuese de entregar una suma de determinada especie o calidad de moneda, cumple la obligación dando la especie designada,  el día de su  vencimiento.- Dr. José Agustín Ruta

38.- En el caso en estudio, a la luz de la normativa precitada, debe concluirse que las sumas abonadas en pesos por los demandados con posterioridad a la constitución de la obligación pactada en dólares, no significan que hayan cumplido con la prestación, deben ser consideradas como a cuenta de la suma que corresponde en dólares, integrando el valor pactado contractualmente, dado el incumplimiento por parte de todos los demandados en autos atento lo abonado en una moneda distinta a la pactada y de un valor de cambio inferior.- Dr. José Agustín Ruta

39.- Los compradores deben pagar el precio de la cosa comprada, en el lugar y tiempo determinados en el contrato (arts. 1197, 1198 y 1424 del C.C.), ya que contrajeron mediante la suscripción de los boletos de compra y venta una obligación de dar suma de dinero, sujeta a la regulación prevista en el art. 616 y sgtes. del C.C. y debe cumplirse conforme los requisitos exigibles para el pago (art. 724 y sgtes.).- Dr. José Agustín Ruta

40.- El Art. 622. del C.C. es claro y conteste al afirmar: “El deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que debe abonar”. Por ello y frente al caso de interés sin convención, al no fijar el Código Civil la tasa de interés, la jurisprudencia aplica analógicamente la regla del art. 565 Cód. Com., que dispone que los intereses moratorios, cuando no se convino su tasa, serán los que cobran en sus descuentos o préstamos los Bancos públicos, es decir, el Banco de la Nación Argentina. Lo que se explica, porque ésa es la tasa que deberá pagar a su vez el acreedor que, por no tener a tiempo su dinero, deba recurrir al crédito o préstamo bancario.- Dr. José Agustín Ruta

41.- Teniendo en cuenta que “La responsabilidad del deudor moroso en las deudas dinerarias se limita sólo a los intereses -convencionales, legales o judiciales- estando vedado al acreedor la pretensión de reclamo de daño suplementario” (SCBA, 1993/11/23, JA, 1995-I-292), que “La tasa del interés, por aplicación del art. 622 del Cód.Civil, es asunto de razonable aplicación de los jueces” (CS, 1994/10/04, JA, 1995-II-473); (CS, 1994/12/22, ED, 162-498, con nota de BIDART CAMPOS, G. J.) y que “Las obligaciones pactadas en dólares deben llevar como máximo el interés por todo concepto del 24% anual” (CNCiv., Sala A, 1999/10/04, ED, 186-86); (CNCiv., Sala B, 1995/10/13, JA, 1996-III-279); considero justo y razonable aplicar un interés del 20% anual en cada una de las obligaciones pactadas en dólares.- Dr. José Agustín Ruta

 

REFERENCIAS NORMATIVAS

Ley Nº 25.561

Decreto Nº 214/02 PEN

Art. 21, 1137, 1197, 1198, 608, 616, 617, 619, 623, 740, 953 y concordantes – Código Civil Argentino

Arts. 1, 14, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 43, 75.22, 116, 122, y 123 - Constitución Nacional

Arts. 10, 35, 43 y 210 – Constitución Provincial

Declaración Universal de Derechos Humanos

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial

Arts. 319, 330, 356, 377 y concordantes – Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de San Luis

 

JURISPRUDENCIA RELACIONADA

CSJN "Massa, Juan Agustín c/ Poder Ejecutivo Nacional, Decreto 214 y otros s/ Amparo Ley 16.986" (27/12/06) Fallos, 329:5913.

CSJN “Smith”.

CSJN “Bustos”.

CSJN "Tobar" (Fallos 325:2059).

CSJN Fallos 172:21; 313:1513; 295:65; 296:500, 546 y 767; 298:76, 464 y 558; 300:197, 903 y 936; 301:45; 302:528 Y 1284; 303:1334; 304:717 y 1017; 312:1121; 296:737; 299:379; 303:1835 y 1877; 307:305; 243:467; 323:1566; 242:128; 246:162; 248:91; 254:483; 262:41; 267:478; 312:1:112; 10:134; 149:122; 302:1325; Fallos: 248:837; 250:772; 252:64; 281:394; 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708 y 324:920.

CSJN “Russo c/ C. de Delle Donne” (15/05/59), Fallos 243:472.

CSJN  “Peralta c/ Estado Nacional” (27/12/90), L.L. 1991-C-158.

CSJN “Juan R. Azar” (28/12/77), Fallos 299:428.

CSJN “Bordieu Pedro C/ Municipalidad de la Capital”, Fallos 312:1:420.

CSJN “Benjamín Calvete” (18/10/1864) Fallos 1:340.

CSJN “Caso Strada” (Fallos 308:490).

CSJN  “Di Mascio” (Fallos 311:2478).

CSJN G. 196. XXXV “Gutiérrez, Oscar Eduardo c/ ANSeS”.

CSJN (4/10/94), en JA, 1995-II-473.

CSJN (22/12/94), en ED, 162-498.

CSJN “Provincia de San Luis c/ Estado Nacional” (5/03/03), en L.L. Supl. Especial del 6-3-2003, p.2, N° 15.

CSJN “Banco de Galicia y Buenos Aires s/ Solicita interv. Urgente en: Smith, Carlos A. c/ PEN s/ Sumarísimo” (1/02/02) en La ley 2002-A-770 y ss., fallo 103:246.

CSJN, “Tobar c/ E. N. Ministerio Defensa – Contaduría General del Ejercito-. Ley 25.453 s/ Amparo ley 16.986” (22/08/02) en la Ley 2002-E-428 y ss.

STJSL-S.J.N. Nº 30/09 “Colegio de Abogados y Procuradores de la ciudad de San Luis c/ Superior Gobierno de la provincia de San Luis – Demanda de Inconstitucionalidad” (Expte. Nº 01-C-2007).

CNCom. Sala C (05/05/83) en La Ley, 1983-C, 410.

CNCCom.Fed. Sala II (15/02/94), en  La Ley, 1995-B, 539.

CCCom.Morón, Sala II (07/09/88) en La Ley, 1990-B, 357.

CNCiv. Sala B (19/04/95) en La Ley, 1997-E, 1024 -39.831-S.

CNCom. Sala B "Nahuelsat S.A. c. Grupo Uno S.A." (20/05/04) en La Ley 17/11/2004, 12.

CNCom. Sala D “Alpesca S.A. c/ Alvarez, Luis R." (30/06/94).

CNCiv. Sala A (4/10/99), en ED, 186-86.

CNCiv. Sala B (13/10/95), en JA, 1996-III-279

CCiv. 1º Capital Federal “Gómez Pombo c/ Banco Hipotecario Franco Argentino” (5/10/40), en La Ley 20-290 y J.A. 73-936.

CCCom. Sala E (16/12/96) en La Ley 1998-D-849, S-40.532.

SCBA (12/04/94), en Doctrina Judicial 1992-2-840 y DJBA 146-3320.

SCBA (23/11/93), en JA, 1995-I-292.

 

 

Sentencia Definitiva Nº:              /2010.-

SAN LUIS, CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIEZ.-

AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas: “DEMO WILLIAMS ALBERTO C/ BRANCALEONE MIRTA Y OTROS S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO” (Expte. Nº 58400-D-2003), traídas a despacho a los fines de dictar sentencia definitiva y de cuyo examen;

RESULTA: Que a fs. 25/35 se presenta Williams Alberto Demo, con patrocinio letrado, e interpone formal demanda de cumplimiento de contrato en contra de los Sres.: 1) Mirta Brancaleone, con domicilio en calle … , San Luis; 2) Fernando Pablo García Montaño, con domicilio en calle … , San Luis; 3) Gladys Noemí Lucero, con domicilio en calle … de la localidad de Juana Koslay; 4) Elio Osvaldo Araujo, con domicilio en… de la localidad de Juana Koslay; 5) Adriana Noemí Gaia, con domicilio en calle … San Luis; 6) Carmen Elizabeth Moreno, con domicilio en calle… San Luis; 7) Walter Luis Aguirre, con domicilio en calle… San Luis; 8) Graciela Analia Papaño, con domicilio en calle … San Luis; 9) Silvia Marina Sanfilippo, con domicilio en calle… de la ciudad de Pehuajo, provincia de Buenos Aires; 10) Juan Fabián López, con domicilio en… , San Luis; 11) Leonardo Hector Berridy, con domicilio en… San Luis; 12) Daniel Mateo Zeolla, con domicilio en calle … provincia de Buenos Aires; 13) Víctor Mario Osuna, con domicilio en calle … San Luis; 14) Andrés Horacio Rodríguez, con domicilio en calle… de la localidad de Juana Koslay, San Luis; 15) Dante Javier Pérez, con domicilio en calle… San Luis; 16) Nilda Elba Gino de Hissa, con domicilio en calle… San Luis; 17) Liliana Eugenia del Carmen Ciuffo y Gladys Maria Ciuffo, con domicilio en calle… San Luis; 18) Fabricio Alberto Cornec, con domicilio en calle… San Luis; 19) Alberto Marcos Manzur, con domicilio en calle… San Luis; 20) Jorge Gabriel Barbajelata, con domicilio en calle… San Luis; 21) Dante Omar Pierre, con domicilio en…, San Luis; 22) Irene Olga Beatriz Holzheier, con domicilio en calle… San Luis; 23) Karime Elba Raed, con domicilio en calle… San Luis; 24) Alicia Susana Cid, con domicilio en… San Luis; 25) Juan Carlos Miranda, con domicilio en calle… San Luis; 26) Claudio Marcelo Pérez, con domicilio en calle…, San Luis; 27) Jorge Federico Closa, con domicilio en… de la localidad de Juana Koslay; 28) José Mario Paredes, con domicilio en… San Luis; 29) Daniel Domínguez, con domicilio en calle…, San Luis.-

Efectúa un relato de los hechos, expresando que “en el transcurso año 2001, el Sr. Demo comprometió en venta a los demandados lotes de terrenos ubicados en el loteo denominado LOTEO RESIDENCIAL VILLA MAGDALENA, que se especifican en el Anexo Nº 1 que se adjunta al presente y se solicita se tenga como parte integrante de la presente demanda, instrumentándose las operaciones en los boletos de compra-venta que también se adjuntan en este acto”.-

Refiere que “dicha operación fue realizada en todos los casos por un precio total en DOLARES ESTADOUNIDENSES, pagadero en setenta cuotas iguales, mensuales y consecutivas fijadas también en DOLARES ESTADOUNIDENSES, salvo cuatro excepciones en que se pacto en treinta, cuarenta y cincuenta cuotas respectivamente, pero todo ellas también en DOLARES ESTADOUNIDENSES”.-

Asimismo, siguiendo con el correlato, expresa que “el monto concreto de las operaciones particulares surge también acreditado de los boletos que se adjuntan y se detallan en el Anexo 1”.-

Destaca que “la reciprocidad y equilibrio de las prestaciones fue analizada de acuerdo al contexto económico actual al momento de la operación, y por tal motivo, se pacto su pago en setenta meses (o treinta, cuarenta y cincuenta cuotas en las  cuatro excepciones apuntadas), teniendo en cuenta para la conservación del valor  de la cuota, que la misma se debía abonar  en la moneda descripta, esto es en dólares billetes estadounidenses y por ende sin intereses”.-

Sostiene que “en estos términos se comenzó la ejecución del contrato, entregándose por el vendedor la posesión de los inmuebles y abonando los compradores las sumas pactadas en la moneda pactada y en los plazos pactados, hasta que en el mes de enero del corriente se dicto la Ley de Emergencias Nº 25.561, y luego , el Poder Ejecutivo Nacional dicto el Decreto Nº 214/02 por el que se dispuso alterar las condiciones fijadas en la contratación privada, pesificando los saldos de precio al tipo de cambio Un Peso = Un dólar, tipo de cambio que fue fijado en forma absolutamente arbitraria para las deudas privadas asumidas  en dólares, con previsión por las partes para el caso de alteración de la paridad, de una solución distinta a la legalmente impuesta”.-

Manifiesta que “En virtud de este decreto, la operación que originalmente concibieron las partes, asumiendo obligaciones en función del contexto económico vigente, ha quedado virtualmente desnaturalizada, atento que la normativa que se cuestiona ha determinado la absoluta desproporción de las prestaciones, resultando en consecuencia excesivamente onerosa la prestación a cargo del vendedor, quien es así obligado a cobrar el saldo de precio del comprometido en venta por un valor que no guarda relación con el que se fijo al momento de la operación, como realizar aun las obras de infraestructura sin el correlativo ingreso en la moneda pactada tornando la misma en lesiva de su derecho de propiedad”.-

Expresa, “Así, a la fecha de vencimiento de las cuotas correspondientes al mes de Febrero del año 2002 y subsiguientes, los demandados han abonado las sumas a su valor nominal  en PESOS , lo que ha sido  recibido como pago a cuenta de la suma que en definitiva corresponda a fin de la integración del valor pactado contractualmente para cada cuota”.-

Sostiene “Ello así, por cuanto la obligación asumida por el demandado consiste en el pago de setenta cuotas mensuales en dólares, por tanto, el pago de las sumas a cuenta no significan que los demandados hayan dado cumplimiento al compromiso asumido, sino solo en parte, atento a que el haber abonado en una moneda distinta a la pactada y de un valor de cambio inferior a la contractualmente establecida para el pago, resulta meramente parcial”.-

Relata “Por tanto, venimos por esta vía a solicitar el cumplimiento del contrato en los términos establecidos en el mismo, debiendo condenarse a los demandados a integrar la diferencia resultante en las cuotas correspondientes abonadas a cuenta, con el valor en dólares que se requiera para dar cumplimiento al total establecido para la cuota descontando lo ya percibido por el vendedor en su equivalencia a la moneda americana al tipo de cambio del día de pago, que surge de las estadísticas diarias que lleva el BCRA que adjuntamos”.-

Finalmente manifiesta en el apartado de los hechos “Asimismo, declarada la inconstitucionalidad de la normativa citada que por esta vía se solicita, deberá disponerse  que el pago de las cuotas cuyos vencimientos aun no han operado, deberá efectuarse  en la moneda pactada contractualmente, o en su defecto, en la suma en pesos que permita adquirir el valor de la cuota en dólares estadounidenses al momento de pago, según el tipo de cambio vigente al momento del mismo”.-

En el apartado de la Inequidad y desequilibrio de las prestaciones aduce que, “tiene particular relevancia advertir que al momento de la contratación de las partes conocían la fragilidad del tipo de cambio vigente y de allí la previsión para su modificación, que de hecho ocurrió en forma inmediata y era previsible y por ello lo previeron expresamente para cuando ello aconteciera (pocos meses después)”.-

Además dice, “la disposición que establece que el pago ya no debe hacerse en la moneda de pago establecida en el contrato  sino en una de menor valor que aquella y altera el equilibrio de las prestaciones asumidas por las partes  en forma absolutamente inequitativa para el actor de autos, provocando una desproporción en las prestaciones y tornando la prestación del actor  en excesivamente onerosa  en relación a la de los demandados”.-

También en el apartado de la Falta de Correlación con el precio actual de los lotes aduce que,  “el valor actual (hoy) de mercado para la venta de los lotes de igual superficie y ubicación que el de los demandados, equivale a igual valor en dólares que el que se había establecido para el pago de los lotes adquiridos por los demandados hace un año”.-

Asimismo en el apartado del mayor valor de las contraprestaciones asumidas por el vendedor, aduce que, “existen diversas prestaciones accesorias que se encuentran incluidas en la venta de los lotes, como el cableado para energía eléctrica, canales de desagües, etc., a cargo aun del actor”; y “que las prestaciones asumidas por el vendedor a plazo para su realización han sufrido un incremento en mas del 150 % promedio de lo presupuestado y tenido en cuanta por el mismo a la hora de fijar el precio de los lotes”.-

En el apartado de la frustración del fin del contrato, aduce que, “el deudor con la participación un tercero (Estado) no puede modificar las obligaciones (doct. Art. 542 Cod. Civil) contractuales ejecutando la prestación comprometida de manera distinta a lo previsto por el contrato, pues entonces no habría ya propiamente acuerdo  ni voluntades comunes subsistentes”.-

 Señala en el apartado de la revisión o resolución contractual que “la interpretación, ejecución y conclusión de los contratos debe ser de buena fe y de acuerdo a lo que verosilmente las partes entendieron o debieron entender, por lo que la incertidumbre, lo imprevisible, no puede constituir la regla para interpretar el contrato, máxime cuando las partes previeron expresamente la moneda de pago y las alternativas frente a una variación significativa del poder cancelatorio de la moneda”.-

Manifiesta la procedencia de la inconstitucionalidad del Decreto ley 214/2002 en virtud del art. 10 de la Constitución Provincial, y de las normas constitucionales afectadas por el Decreto 214/02, mencionando: “1) .- Violación de la jerarquía normativa prevista por el art. 31 de la Constitución Nacional: El decreto 214/02 atenta palmariamente contra la supremacía normativa establecida por el art. 31 de la Constitución Nacional ya que este ultimo establece claramente que la Constitución Nacional, LAS LEYES DE LA NACION QUE EN SU CONSECUENCIA SE DICTEN POR EL CONGRESO, y los tratados con las potencias extranjeras son la LEY SUPREMA DE LA NACION de tal manera, que todo el resto del ordenamiento jurídico debe imprescindiblemente adecuarse a las normas aludidas con anterioridad, de tal forma que ello permita con un ordenamiento jurídico homogéneo que permita a su vez garantizar el pleno ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el ordenamiento superior sin que puedan se modificados por cualquiera de los poderes constituidos y en ejercicio”.-

“2) .- Nulidad del decreto por falta de facultades legislativas: En primer termino debemos mencionar que la norma es inconstitucional por cuanto el Poder Ejecutivo carece de facultades legislativas, no estando facultado para modificar los términos del Código Civil mediante un decreto, por mas necesidad y urgencia que se invoque”; “Se puede concluir que el poder Ejecutivo recurrió a la emisión del Decreto de Necesidad y Urgencia para encubrir la decisión política de alterar la voluntad legislativa, mediante la instrumentación de un nuevo régimen mas violatorio aun de derechos y garantías constitucionales”.-

“3) .- Cambio de las condiciones que determinaron la contratación: La injerencia del Estado, tercero extraño a la relación jurídica privada bilateral existente entre las partes, pretendiendo modificar por un decreto la ley vigente a la época de la contratación, alterando las condiciones que una de las partes tuvo en cuenta para contratar, es absolutamente inaceptable e ilegitima”; “Por tanto, si las partes han pactado sus obligaciones en dólares y han previsto los modos de cumplirlas aun en el supuesto de modificación de la paridad cambiaria vigente a la fecha del contrato o de imposibilidad de adquirir los dólares billetes estadounidenses, resulta absolutamente innecesaria – además de ilegitima – la injerencia del estado pretendiendo solucionar lo que las partes ya han solucionado por previsión contractual expresa”.-

“4) .- Violación del Derecho de Propiedad: El contenido del derecho constitucional de propiedad se encuentra necesariamente vinculado con el concepto de derecho adquirido esta calidad se obtiene directamente de los actos jurídicos que se la confieren, como por ejemplo la ley, el contrato, la sentencia o el acto administrativo”; “De este modo, las obligaciones contraídas por las partes al suscribir el convenio de mutuo generaron para las mismas derechos adquiridos. La actora, derecho de disponer del dinero recibido y la demandada, derecho de percibir íntegramente las sumas pactadas, en la moneda pactada y en los plazos estipulados en el contrato”.-

   Arguye principios constitucionales afectados: Legalidad, Seguridad, Razonabilidad, y de Igualdad.-

Funda su pretensión en derecho en los arts. 3, 1198, 1201 a 1204 del Cod. Civ., y arts. 10 y 35 de la Constitución Provincial, ofrece prueba y solicita declare la inconstitucionalidad de las normas de emergencia dictadas por el Poder  Ejecutivo Nacional, y sentencia condenando a los demandados al cumplimiento integro del contrato, con costas.-

A fs. 43/44 se amplia demanda.-

A fs. 47 se provee y se tiene por promovida la demanda, la cual tramitara conforme las normas del proceso ordinario (art. 319 del C.P.C.C.), y se ordena correr traslado a los demandados, por el término de quince días.-

A fs. 48/95 lucen cédulas de notificaciones del traslado de la demanda y constancias.-

Consecuentemente y a posteriori, a fs. 447/464 se presentan los Sres. Nilda Elba Gino de Hissa, Gladys Maria Ciuffo, Liliana Eugenia del Carmen Ciuffo, y Juan Carlos Miranda, – demandados -, Adriana Noemí Gaia, y José Mario Paredes –han desistido conforme surge de las constancias de fs. 1572/1573, y fs. 1602/1604-; a fs. 679/691 se presenta Karime Elba Raed, y Alicia Susana Cid – demandadas -; a fs. 760/772 se presenta Carmen Elizabeth Moreno – demandada -;  todos mediante apoderado – Dr. Francisco Cesar Guiñazu -, contestando la demanda instaurada en su contra, efectuando una negativa de los hechos, desconociendo la documental acompañada por la actora, y ofreciendo su versión sobre los mismos, aduciendo en lo sustancial que: el actor promovió un loteo común u ordinario que nada tenia y tiene que ver con un barrio cerrado; el actor queda obligado frente a la Municipalidad de Potrero de los Funes a realizar toda la infraestructura necesaria para que la comuna le apruebe el loteo; mis mandantes compran los lotes que no tenían ningún tipo de cerramiento ya que eran terrenos vírgenes, tapados de malezas, monte, cubiertos de piedras y constituían parte de la sierra por lo que el valor económico era escaso; los demandados transforman una tierra inútil en un barrio residencial (no cerrado o privado), ya que la mayoría construyo viviendas importantes, cerró y parquizó los mismos de tal manera que lo que era tierra con escaso valor se transformo en terrenos o lotes bien cotizados; no es cierto que el Sr. Demo haya vendido un Barrio Cerrado o lotes con dicha finalidad y si hubiera sido cierto, ello hubiera sido por obra de los demandados y no del actor que se limitó  a vender terrenos en el marco de un loteo común u ordinario, por lo que la eventual desproporción denunciada se apoya en el esfuerzo excluyente de los accionados y no en la variación del tipo de cambio. Expone las mejoras de cada uno de los demandados.-

Mas adelante agrega, que es el Estado Nacional quien sanciona la ley de Emergencia Nacional 25.561 y el Decreto Reglamentario 214/02 estableciendo las pautas reguladoras en las obligaciones contractuales -que los particulares no podían eludir-, y que si el actor consideró que había descompensación, debió exigir el tratamiento que tuvo para con las instituciones financieras; que el actor jamás dejó de cobrar el C.E.R. que percibía mensualmente junto con la cuota consintiendo de esa manera la metodología compensadora; que con relación a la constitucionalidad de las normas en períodos de emergencia económica, las limitaciones impuestas son absolutamente racionales y se justifican en el fin público que persiguen, no pudiendo agraviarse constitucionalmente el actor de una tratativa impuesta por el legislador en forma previa a una acción judicial, y que motiva que sus mandantes no tengan legitimación pasiva para intervenir en los presentes actuados, hace referencia al art. 11 de la ley 25.561 y el 8 del Decreto 214/02 y manifiesta que tampoco el Sr. Demo tiene legitimación activa para promover el juicio, por no impulsar la negociación extrajudicial, y que el Estado Nacional ha reconocido que es el eventual causante de eventuales descompensaciones y ante quien debió el actor promover acción directa, y transcribe jurisprudencia; por otro lado dice que en el presente caso el Estado Nacional es un LITIS CONSORTE NECESARIO en los términos del art. 89 y 94 del C.P.C.; ofrece prueba, formula reserva, y solicita oportunamente se rechace la demanda con costas.-

A fs. 225/235, fs. 794/805, fs. 823/834, fs. 855/862, fs. 1004/1012, fs. 1029/1040, fs. 1067/1075, y fs. 1084/1091, se presentan los Sres. Alberto Morcos Manzur, Jorge Gabriel Barbajelata, Walter Luis Aguirre, Jorge Federico Closa, Dante Omar Pierre, Dante Javier Pérez, Claudio Marcelo Pérez – demandados -, y Daniel Domínguez quien desiste a fs. 1560/1562, todos mediante patrocinio letrado, y apoderado– Dres. Mauricio Mauro, y Mario Gerardo Varela -, contestando la demanda instaurada en su contra, efectuando una negativa de los hechos, y ofreciendo su versión sobre los mismos, variando en el precio de terreno que se fijo en la suma de: Alberto Morcos Manzur, Jorge Gabriel Barbajelata, Jorge Federico Closa, y Dante Omar Pierre : dólares o pesos DIEZ MIL QUINIENTOS, el que seria abonado en setenta (70) cuotas mensuales iguales y consecutivas de Pesos o Dólares CIENTO CINCUENTA (U$S 150, 00) conforme lo pactado en la cláusula SEGUNDA del Boleto; Walter Luis Aguirre: suma de dólares o pesos VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS, el que seria abonado en setenta (70) cuotas mensuales iguales y consecutivas de Pesos o Dólares CUATROCIENTOS DIEZ (U$S 410, 00) conforme lo pactado en la cláusula SEGUNDA del Boleto; Dante Javier Pérez: El precio de los terrenos se fijo, para el primero, que se identifica como LOTE NUEVE (9) de la Manzana “A”, en la suma de Dólares o pesos NUEVE MIL CIEN (U$S 9.100), que seria abonado en cuarenta (40) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos o Dólares  DOSCIENTOS TREINTA   (U$S 230), y para el segundo, que se identifica como LOTE OCHO (8) de la Manzana “A”, en la suma de Dólares o Pesos DIEZ MIL QUINIENTOS (U$S 10.500), el que seria abonado en setenta (70) cuotas mensuales iguales y consecutivas de Pesos o Dólares CIENTO CINCUENTA (U$S150, 00), conforme lo pactado en la cláusula SEGUNDA de los respectivos Boletos; Claudio Marcelo Pérez: suma de dólares o pesos CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA (U$S 14.350), que seria abonado en setenta (70) cuotas mensuales iguales y consecutivas de Pesos o Dólares DOSCIENTOS CINCO (U$S 205, 00), conforme lo pactado en la cláusula SEGUNDA del Boleto.

Que la ley 25.561 y posteriormente el Decreto 214/02, devaluaron el peso estableciendo que para las obligaciones pactadas en dólares, se cumplían pagando un peso al valor de un dólar pero Demo les impuso a todos los deudores el pago de la cuota más el C.E.R., por lo que resulta improcedente desconocer ahora la constitucionalidad del Dec. 214/02, cita jurisprudencia, hace referencia a la teoría de los actos propios, señalando criterios doctrinarios  y jurisprudenciales al respecto; agrega que no podrá ampararse en la teoría de la imprevisión del art. 1198 del Código Civil el actor que ha incurrido en mora en el cumplimiento de la obligación de efectuar las obras de infraestructura a su cargo desde antes de los acontecimientos que provocaron la devaluación de la moneda, e impugna y desconoce cotización y presupuestos  por irreales y falsos, se refiere a los efectos cancelatorios de los pagos transcribiendo doctrina relacionada; manifiesta que el Decreto 214/02 no infringe norma constitucional alguna y que por ser decretos de necesidad y urgencia pueden modificar una ley y sustenta sus dichos en doctrina y jurisprudencia que transcribe; y por último se apoya en la teoría de la imprevisión receptada en el art. 1198 del C.C., ofrece prueba, y solicita oportunamente se rechace la demanda en todas sus partes, con costas.-

A fs. 198/205 se presenta Leonardo Héctor Berrido – demandado -, mediante patrocinio letrado – Dres. Carlos Maria Bravo, y Néstor Raúl Iannizzotto -, contestando la demanda instaurada en su contra, efectuando una negativa de los hechos, y ofreciendo su versión sobre los mismos y manifestando que mediante la ley 25.561 y el Decreto 214/02 se devaluó el peso, y producida esa situación el actor dispuso el sometimiento al art. 8 del decreto realizándose los pagos con aplicación del CER; hace referencia a la teoría de los actos propios citando doctrina y jurisprudencia, alude al valor actual del inmueble impugnando cotizaciones y presupuestos por irreales y falsos; dice de la constitucionalidad del Decreto 214/02, transcribe doctrina y jurisprudencia, formula reserva constitucional, ofrece pruebas, y solicita oportunamente se rechace la demanda, con costas.-

A fs. 571/576 se presenta Víctor Mario Osuna – demandado -, mediante apoderado – Dra. Maria Mercedes Olivera Aguirre -, contestando la demanda instaurada en su contra, desistiendo posteriormente el actor, conforme surge de las constancias obrantes  a fs. 1605/1606 de autos.-

A fs. 693/704 se presenta Irene Olga Beatriz Holzheier –demandada-, mediante apoderado – Dr. Jorge Eduardo Varela -, contestando la demanda instaurada en su contra, pero desistiendo el actor posteriormente, conforme surge de las constancias obrantes  a fs. 1603/1604 de autos.-

A fs. 945/947 se presentan Mirta Brancaleone – demandada -, y Fabricio Alberto Cornet – demandado que desiste a fs. 1601 -, mediante apoderado – Dr. Gilberto Cesar Pereira Montenegro -, contestando la demanda instaurada en su contra, efectuando una negativa de los hechos, y ofreciendo su versión sobre los mismos, manifestando que como consecuencia de la normativa mencionada y por iniciativa del vendedor, el Sr. Demo comenzó a aplicar el CER a las cuotas cuyos vencimientos operaron a partir del mes de febrero de 2002; que los decretos de necesidad y urgencia pueden modificar una ley y cita doctrina haciendo referencia también al caso Peralta en la Suprema Corte de Justicia, transcribe sumarios jurisprudenciales; luego se refiere a la mora del deudor, cita el art. 513 del C.C., realiza abundantes consideraciones con relación a la interpretación de la norma transcribiendo jurisprudencia; luego se refiere a la teoría de los actos propios, ofrece pruebas, y solicita oportunamente dicte sentencia, rechazando la demanda, con costas.-

A fs. 1119/1122 se presenta Juan Fabián López – demandado -, con patrocinio letrado – Dra. Andrea Karina Merlo y Marcela Lucero Basso -, contestando la demanda instaurada en su contra, efectuando una negativa de los hechos, y ofreciendo su versión sobre los mismos, expresando que a partir del mes de enero del año dos mil dos, el vendedor aplicó el CER en el pago de las cuotas pactadas y jamás expresó la inequidad de las prestaciones acudiendo de mala fe a la justicia; pondera luego la constitucionalidad de la ley Nº 25.565 y Decreto 214/02, funda su derecho en los arts. 76, 99 inc. 3 C. Nacional, art. 11 y cc. De la Ley 25.561, arts. 1º, 4º, 8º y cc. Dec 214/02 y demás normativa aplicable, ofrece pruebas, y solicita oportunamente dicte sentencia, rechazando la demanda, con costas.-

A fs. 1350/1359 se presenta Graciela Analia Papaño – demandada -, mediante apoderado – Dr. Pedro Penna -, contestando la demanda instaurada en su contra, efectuando una negativa de los hechos, y ofreciendo su versión sobre los mismos, manifestando que el actor inicia esta acción por cumplimiento de contrato, sin haber cumplido sus prestaciones ni ofrecer su cumplimiento –señala el art. 1202 y 1204 del C.C.- y niega la violación al derecho de propiedad de la actora y afectación de principios constitucionales, transcribe doctrina y jurisprudencia, expresa su disconformidad con la incorporación del CER a los pagos mensuales, ofrece prueba y solicita oportunamente dicte sentencia rechazando la demanda, con costas.-

A fs. 1491/1495 se presenta el Dr. Alfredo Garro en representación del Estado Nacional, Ministerio de Economía de la Nación – demandada -, y contesta la demanda instaurada en su contra, efectúa negaciones, ofreciendo consideraciones a tener en cuenta, así bajo el titulo de La Emergencia Publica como fundamento de legitimidad del plexo normativo cuestionado, se refiere especialmente a la ley 25.561 en su art. 1 y 15 manifestando que el contexto de la norma no puede ser desestimado a los efectos de evaluar su congruencia, alude a que el término emergencia se asocia a urgencia, transcribe doctrina y jurisprudencia, especialmente referidas al caso Smith y Peralta; habla de la presunción de legitimidad de los Decretos de Necesidad y Urgencia (en adelante DNU), expresando que si bien los DNU resultan susceptibles de eventuales cuestionamientos, gozan de presunción de legitimidad al igual que la totalidad de los actos estatales; luego resalta que la normativa no entra en colisión con normas internacionales tuitivas de Derechos Humanos e incorporadas al art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional;  hace un análisis del  Interés Publico comprometido concluyendo con el dictamen del Procurador General de la Nación al que me remito en honor a la brevedad. Formula reserva del Caso Federal, y solicita no se haga lugar a la demanda, con costas.-

A fs. 1374/1375 se presenta Gladys Noemí Lucero, con el patrocinio letrado de la Dra. Cristina Groselj –demandada-, y contesta la demanda instaurada en su contra, efectúa  negaciones de rigor, y manifiesta que si algún contrato celebró con el Sr. Demo, el mismo es inexistente por haberlo rescindido el Sr. Demo, conforme lo prueba con la carta documento cuyo número consigna y que adjunta a su presentación y que atento a los términos de la documentación no tiene ningún cumplimiento de contrato vigente o pendiente a su favor; ofrece pruebas, funda su derecho y peticiona el rechazo de la demanda con costas.-

                    A fs.1628 obra desistimiento del demandado Sr. Daniel Mateo Zeolla.-

A fs. 1557/1559 obra desistimiento del demandado Sr. Elio Osvaldo Araujo.-

Que corrido el traslado de la demanda, conforme surge de las constancias de la causa, no se presenta el demandado Fernando Pablo García Montaño.-

Que corrido el traslado de la demanda, conforme surge de las constancias de la causa, no se presenta la parte demandada Silvia Marina Sanfilippo.-

A fs. 1445/1446 obra auto interlocutorio de fecha 9/03/2005, que resuelve declarar abstracta la pretensión de división de la causa, hacer lugar a la excepción de defecto legal, y a la citación de tercero - Estado Nacional -, cumplimentadas conforme surge de las constancias obrantes a fs. 1475/1477, y fs. 1486/1488.-

A fs. 1521/1522 obra auto interlocutorio de fecha 6/02/2006, que resuelve rechazar revocatoria interpuesta a fs. 1201/1203, y declarar abstracto el pronuncionamiento solicitado a fs. 1481.-

A fs. 1608 se abre la causa a prueba, produciéndose la misma, que conforme da cuenta los informes del Actuario, consistentes en:

Prueba de la Parte Actora - Williams Alberto Demo.-

DOCUMENTAL reservada en Secretaria conforme surge en el cargo de 35 vlta., y agregada en autos a 1/24. Veintinueve (29) boletos de compra venta, presupuesto de KAMARO S.R.L.  de fecha 20 de Julio de 1996, presupuestos de VENADOS CONSTRUCCIONES S.A. de fechas 14 de Agosto de 1997 y de fecha 15 de Julio de 2002, presupuestos de MVM CONSTRUCCIONES S.R.L. de fechas 13-07-2001 y 19-05-2002, Nota de Edesal de fecha 16 de Marzo de 2001, presupuesto de RENACER SRL de fecha 2 de Mayo de 2000 y 3 de Julio de 2002, presupuesto de PROYECTOS y MONTAJES S.A. de fecha 27 de Mayo de 2001: Se la tuvo presente a fs. 1639.-

RECONOCIMIENTO DE FIRMAS y CONTENIDOS: Auto Interlocutorio Nro. 443/2008 de fecha 21/11/2008 obrante a fs. 1731, que resuelve hacer lugar a la revocatoria deducida a fs. sub. 87 (fs. 1722).-

PERICIAL CALIGRAFICA SUBSIDIARIA: Se la tuvo presente de así corresponder a fs. 1639.-

HECTOR EDUARDO MASSACCESI – KAMARO S.R.L. -: Obrante a fs. 1681.-

VENADOS CONSTRUCCIONES S.A.: Obrante a fs. 1682.-

MVM CONSTRUCCIONES S.R.L.: Obrante a fs. 1683.-

RENACER S.R.L.: Obrante a fs. 1684.-

PROYECTOS Y MONTAJES S.A.: Obrante a fs. 1685.-

 

INFORMATIVA “A”:

a) Inmobiliaria Marchioni: Obrante a fs. 1669/1672.-

b) Inmobiliaria Ricobelli: Obrante  a fs. 1678.-

c) Inmobiliaria Monica Demo: Obrante a fs. 1667.-

INFORMATIVA “B”:

Escribano Marcelo Fabian Celi Marcheta: Allanamiento obrante  a fs. 1648/1649 a la oposición planteada. Ver providencia de fs. 1665.-

INFORMATIVA “C”:

Escribana Gladys Mirna Tarazi: Allanamiento obrante  a fs. 1648/1649 a la oposición planteada. Ver providencia de fs. 1665.-

Prueba de la Parte Demandada - Morcos Mansur Alberto: Auto Interlocutorio Nro. 147/2008 de fecha 7/05/2008 obrante a fs. 1761, que resuelve hacer lugar a la revocatoria deducida a fs. sub. 3 (fs. 1740), dejando sin efecto la prueba a producir.-

Prueba de la Parte Demandada:

Prueba ofrecida como prueba comun por Karime Elba Raed y Alicia Susana Cid:

DOCUMENTAL: Se la tuvo presente a fs. sub. 12 (fs. 1782).-

Oficio a Dirección de Geodesia y Catastro de la Provincia: Informado a fs. sub. 18/sub. 22 (fs. 1788/1791).-

Oficio al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia: Informado a fs. sub. 28/sub. 34 (fs. 1796/1802).-

TESTIMONIAL:

Jorge Israel Schvager: Se produjo a fs. sub.44/sub. 45 (fs. 1812/1813).-

Mariano Di Gennaro: Se produjo a fs. sub. 46/sub. 47 (fs. 1814/1815).-

Prueba ofrecida por Carmen Elizabeth Moreno:

DOCUMENTAL: Se tuvo presente a fs. sub. 12 vta. (fs. 1782 vlta.).-

TESTIMONIAL:

Alejandro Daniel Fernández: Se deja sin efecto la audiencia a fs. sub. 38, no se produjo en estos autos (fs. 1806).-

     Francisco José Marzullo: Se produjo a fs. sub. 51 (fs. 1819).-

Prueba ofrecida como prueba común por Juan Carlos Miranda, Adriana Noemí Gaia, Andres Horacio Rodríguez, Nilda Elba Gino de Hissa, Liliana Eugenia de Carmen Ciuffo, Gladys Maria Ciuffo y Jose Mario Paredes:

DOCUMENTAL: Se tuvo presente a fs. sub. 12 vta. (fs. 1782 vlta.).-

TESTIMONIAL:

Miguel Ángel López: Se deja sin efecto la audiencia a  fs. sub. 38, no se produjo en estos autos (fs. 1806).-

Juan Armando Calvo: Se deja sin efecto la audiencia a  fs. sub. 38, no se produjo en esto autos (fs. 1806).-

Lucia Fuentes: Se deja sin efecto la audiencia a fs. sub. 38, no se produjo en estos autos (fs. 1806).-

Alberto Martín Isola: Se deja sin efecto la audiencia a fs. sub. 38, no se produjo en estos autos (fs. 1806).-

 Pablo Andrés Puertas: Se deja sin efecto la audiencia a fs. sub. 38, no se produjo en estos autos (fs. 1806).-

Jose Luis Marcuzzi: Se deja sin efecto la audiencia a fs. sub. 38, no se produjo en estos autos (fs. 1806).-

Maria del Rosario Fusco: No se produjo por desistimiento de fs. sub. 49 (fs. 1817).-

Dora Andrea Salazar: No se produjo por desistimiento de fs. sub. 49 (fs. 1817).-

Doglio Cristian Hernan: Se deja sin efecto la audiencia a fs. sub. 38, no se produjo en estos autos (fs. 1806).-

Prueba ofrecida por José Mario Paredes:

DOCUMENTAL: Se tiene presente a fs. sub. 13 (fs. 1783).-

Prueba ofrecida por Juan Carlos Miranda:

DOCUMENTAL: Se tuvo presente a fs. sub. 13 (fs. 1783).-

Prueba ofrecida por Liliana E. Ciuffo y Gladys Maria Ciuffo:

DOCUMENTAL: Se tuvo presente a fs. sub. 13 (fs. 1783).-

Prueba ofrecida por Adriana Noemí Gaia:

DOCUMENTAL: Se tuvo presente a fs. sub. 13 (fs. 1783).-

Prueba ofrecida por Nilda Elba Gino de Hissa:

DOCUMENTAL: Se tuvo presente a fs. sub. 13 (fs. 1783).-

Prueba ofrecida por Andrés Horacio Rodríguez:

DOCUMENTAL: Se tuvo presente a fs. sub. 13 (fs. 1783).-

Prueba de la Parte Demandada – Dante Javier Perez: Auto Interlocutorio Nro. 144/2008 de fecha 7/05/2008 obrante a fs. 1855, que resuelve hacer lugar a la revocatoria deducida a fs. sub. 3 (fs. 1834), dejando sin efecto la prueba a producir.-

Prueba de la Parte Demandada – Dante Omar Pierre: Auto Interlocutorio Nro. 141/2008 de fecha 7/05/2008 obrante a fs. 1886, que resuelve hacer lugar a la revocatoria deducida a fs. sub. 3 (fs. 1865), dejando sin efecto la prueba a producir.-

Prueba de la Parte Demandada – Walter Luis Aguirre: Auto Interlocutorio Nro. 143/2008 de fecha 7/05/2008 obrante a fs. 1917, que resuelve hacer lugar a la revocatoria deducida a fs. sub. 3 (fs. 1896), dejando sin efecto la prueba a producir.-

Prueba de la Parte Demandada – Jorge Gabriel Barbajelata: Auto Interlocutorio Nro. 145/2008 de fecha 7/05/2008 obrante a fs. 1946, que resuelve hacer lugar a la revocatoria deducida a fs. sub. 3 (fs. 1925), dejando sin efecto la prueba a producir.-

Prueba de la Parte Demandada – Jorge Federico Closa: Auto Interlocutorio Nro.  139/2008 de fecha 7/05/2008 obrante a fs. 1977, que resuelve hacer lugar a la revocatoria deducida a fs. sub. 3 (fs. 1956), dejando sin efecto la prueba a producir.-

Prueba de la Parte Demandada – Daniel Domínguez: Auto Interlocutorio Nro.  142/2008 de fecha 7/05/2008 obrante a fs. 2008, que resuelve hacer lugar a la revocatoria deducida a fs. sub. 3 (fs. 1987), dejando sin efecto la prueba a producir.-

Prueba de la Parte Demandada – Claudio Marcelo Perez: Auto Interlocutorio Nro.  146/2008 de fecha 7/05/2008 obrante a fs. 2039, que resuelve hacer lugar a la revocatoria deducida a fs. sub. 3 (fs. 2018), dejando sin efecto la prueba a producir.-

A fs. 2059/2061 obran alegatos presentados por la parte actora

A fs. 2064 se ordena pasar los autos para dictar sentencia, providencia que debidamente notificada, se encuentra firme, y en cuyo mérito ha venido la presente causa.-

Y CONSIDERANDO: I.- Que corresponde dictar sentencia definitiva en los términos del art. 163 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de San Luis.-

Que siendo propósito del suscripto arribar a una derivación razonada del derecho positivo vigente de acuerdo con las constancias de autos y pruebas rendidas, esto es, una sentencia justa y coherente con el ordenamiento jurídico vigente, es menester circunscribirnos a los hechos efectivamente sucedidos y comprobados en la causa, dado que todo derecho deriva de un hecho y que la naturaleza del hecho hace a la naturaleza del derecho.-

Que a priori y a modo de introducción, resulta menester e importante destacar que los hechos  del presente proceso que nos ocupa, se tratan del reclamo que realiza el actor acreedor y vendedor de lotes de terrenos -ubicados en el loteo denominado “Loteo Residencial Villa Magdalena”, que se especifican en el Anexo Nº 1 que se acompaña  y solicita se tenga como parte integrante de la presente demanda, instrumentándose las operaciones en los sendos boletos de compra-venta que también se adjuntan-, a un grupo de personas (29), venta cuyos términos y condiciones se intentan hacer valer mediante la demanda de cumplimiento contractual que se interpuso y se sustanció en el presente juicio ordinario.- 

Refiere el actor (Sr. Williams Alberto Demo) que en el transcurso del año 2001 vendió a los demandados (Sras. y Sres.: Mirta Brancaleone, Fernando Pablo García Montaño, Gladys Noemí Lucero, Elio Osvaldo Araujo, Adriana Noemí Gaia, Carmen Elizabeth Moreno, Walter Luis Aguirre, Graciela Analia Papaño, Silvia Marina Sanfilippo, Juan Fabián López, Leonardo Hector Berridy, Daniel Mateo Zeolla, Víctor Mario Osuna, Andrés Horacio Rodríguez, Dante Javier Pérez, Nilda Elba Gino de Hissa, Liliana Eugenia del Carmen Ciuffo y Gladys Maria Ciuffo, Fabricio Alberto Cornec, Alberto Marcos Manzur, Jorge Gabriel Barbajelata, Dante Omar Pierre, Irene Olga Beatriz Holzheier, Karime Elba Raed, Alicia Susana Cid, Juan Carlos Miranda, Claudio Marcelo Pérez, Jorge Federico Closa, José Mario Paredes y Daniel Domínguez), lotes de terrenos y que “dicha operación fue realizada en todos los casos por un precio total en DOLARES ESTADOUNIDENSES, pagadero en setenta cuotas iguales, mensuales y consecutivas fijadas también en DOLARES ESTADOUNIDENSES, salvo cuatro excepciones en que se pacto en treinta, cuarenta y cincuenta cuotas respectivamente, pero todo ellas también en DOLARES ESTADOUNIDENSES”.-

Así las cosas, el monto concreto de las operaciones particulares se encuentra acreditado con los boletos que se adjuntan y se detallan en el Anexo 1, analizado de acuerdo al contexto económico actual al momento de la operación, y por tal motivo, según refiere el actor- “se pacto su pago en setenta meses (o treinta, cuarenta y cincuenta cuotas en las  cuatro excepciones apuntadas), teniendo en cuenta para la conservación del valor  de la cuota, que la misma se debía abonar  en la moneda descripta, esto es en dólares billetes estadounidenses y por ende sin intereses”.-

Que de esa forma comenzó la ejecución del contrato, entregándose por el vendedor la posesión de los inmuebles y abonando los compradores las sumas pactadas en la moneda pactada y en los plazos pactados, hasta que en el mes de enero del corriente se dicto la Ley 25.561, y luego, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Nº 214/02 por el que se dispuso alterar las condiciones fijadas en la contratación privada, pesificando los saldos de precio al tipo de cambio Un Peso = Un dólar.-

De ése modo, el quid de la cuestión trasunta en justipreciar que mediante el decreto –cuestionado por el actor mediante la tacha de inconstitucionalidad-, la operación que originalmente concibieron las partes se ha desnaturalizada, resultando excesivamente onerosa la prestación a cargo del vendedor obligado a cobrar el saldo de precio del comprometido en venta por un valor que no guarda relación con el que se fijo al momento de la operación, situación que según el actor es “lesivo de su derecho de propiedad”.-

El actor manifiesta que “a la fecha de vencimiento de las cuotas correspondientes al mes de Febrero del año 2002 y subsiguientes, los demandados han abonado las sumas a su valor nominal  en PESOS , lo que ha sido  recibido como pago a cuenta de la suma que en definitiva corresponda a fin de la integración del valor pactado contractualmente para cada cuota”, considerando que los demandados no han dado cumplimiento a las obligaciones asumidas en dólares, “por tanto, el pago de las sumas a cuenta no significan que los demandados hayan dado cumplimiento al compromiso asumido, sino solo en parte, atento a que el haber abonado en una moneda distinta a la pactada y de un valor de cambio inferior a la contractualmente establecida para el pago, resulta meramente parcial”.-

Finalmente el actor solicita sea declarada la inconstitucionalidad de la normativa de emergencia y se disponga que el pago de las cuotas cuyos vencimientos aun no han operado, en la moneda pactada contractualmente, “o en su defecto, en la suma en pesos que permita adquirir el valor de la cuota en dólares estadounidenses al momento de pago, según el tipo de cambio vigente al momento del mismo”.-

Que de los hechos se infiere sin lugar a dudas que se trata de “obligaciones generadas (creadas por las partes, según fecha de los boletos de compra y venta) en el sistema económico y jurídico de la ley 23.928 y que proyectan sus efectos a cumplir en el nuevo escenario económico y jurídico de la ley 25.561, constituyéndose ésta categoría en el núcleo más problemático, las que denominaremos obligaciones en transición, concebidas en un sistema jurídico y económico pero que deben cumplirse en otro escenario absolutamente diferente” (KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, Emergencia y seguridad jurídica, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 2002-1, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, p. 48).-

Tengo presente lo dispuesto por Art. 1197 del C.C. cuando prescribe que “Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma”, consagrando el principio contractual de la autonomía de la voluntad, principio que al decir del profesor Mosset Iturraspe, es aquél por el cual la ley le confiere a la voluntad de las partes un poder “jurigenético” creador de normas jurídicas obligatorias, donde radica el “Pacta sun Servanda” pilar fundamental de la materia contractual y que nace como una delegación del ordenamiento jurídico a lo particulares que tienen la facultad de crear sus propias reglas que van a regir su relación jurídica contractual como si fuera la ley misma.-

Que cuando la norma refiere a las "convenciones hechas en los contratos", le da fuerza obligatoria no sólo a sus cláusulas y pactos sino a todo el contrato, tanto en sus estipulaciones expresas, como en las que surgen virtualmente de sus enunciados. Es claro que, tratándose no de una intención implícita que surge de las estipulaciones, prestaciones establecidas o conductas previstas, sino de la ausencia de previsiones en el tipo contractual de que se trate, el contrato se completa con las disposiciones del código y de las leyes que contienen normas de carácter supletorio, las que se considera que se incorporan a sus convenciones” (Ver: Santos Cifuentes en comentario al artículo 1197 en la Ley Online).-

Que cabe tener en cuenta con relación al postulado precitado y la fuerza obligatoria expuesta, las siguientes consecuencias: a) lo estipulado por las partes prevalece por sobre la ley no imperativa, usos y costumbres; b) los jueces deben reconocer y hacer respetar esas estipulaciones, libremente acordadas por las partes; c) los jueces están llamados a interpretar los contratos, como lo hacen con la ley (arts. 16 y 1198), y, en principio, no pueden rectificar o limitar el alcance de las convenciones por razones de equidad; d) los jueces se ocupan de hacer ejecutar o cumplir los contratos, juzgando si ese cumplimiento se ha respetado o no por las partes y si éstas han actuado de acuerdo con los estipulado.-

Este principio que surge plenamente del art. 1197, y gobierna la vida contractual, comprende: a) la libertad para relacionarse con personas determinadas, respecto de objetos específicos, formas y eficacia del acuerdo; b) faculta para obligarse o dejar de hacerlo; c) permite establecer vínculos de las más variadas prestaciones, siempre que no afecten las normas de orden público (art. 21); d) da pie a la libertad en la manifestación del consentimiento, excepto en casos en que las normas imponen formalidades absolutas (art. 975, 1184 a 1187); e) acepta que los efectos sean los queridos por las partes, y f) postula el respeto a la palabra empeñada como si se tratara de la ley. (Ver: MOSSET ITURRASPE, J., en BUERES-HIGHTON, Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, t. 3 C, p. 37; LAFAILLE, H., Derecho civil. Contratos, Nº 13 y nota 92; GASTALDI, J. M., Contratos, t. II, p. 143; SALVAT, R. M., ACUÑA ANZORENA, A., Fuentes de las obligaciones, t. I, Nº, 217 y 218, LORENZETTI, R. L., Esquema de una teoría sistémica del contrato, La Ley, 1999-E, 1168.).-

Que jurisprudencia que comparto ha sostenido que: “La facultad revisoria del contrato no puede ser ejercida y admitida judicialmente cuando media expresa e inequívoca resistencia del demandado, pues ello comportaría erigir a los jueces en intérpretes del interés de las partes, sustituyéndolos en la modificación de los términos y condiciones contractuales -lo que en último sentido, implica contratar-, sin apoyo o fundamento legal, lo que equivale a desconocer el principio de la autoregulación de los intereses privados, sin que medien razones, superiores de orden público o interés social que justifiquen su intervención (arts. 17 y 19, Constitución Nacional; 21, 1137 y 1197, Cód. Civil)” (CNCom., Sala C, 1983/05/05, La Ley, 1983-C, 410).-

Teniendo en claro lo precedentemente expuesto con relación a la autonomía de la voluntad, vale recordar lo prescripto por el Art. 1198 del C.C. que dispone: “Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión”.-

El presente caso debe ser analizado y resuelto bajo ésta directiva de interpretación jurídica dirigida a entender el significado y a fijar el alcance del objeto interpretado (en el caso, compra y venta de inmuebles cuyo precio fue pactado en dólares); interpretación de los actos de autonomía que abarca a los negocios jurídicos, entre ellos los contratos, dilucidando su causa fuente, entendiendo que el silencio de las partes no puede ser llenado por los jueces, por respeto al principio de libertad contractual y por lo que “La interpretación auténtica es en este caso una declaración posterior de las partes que fija y define lo querido mediante un acuerdo”, cuyas palabras (las del contrato) “deben entenderse acorde el lenguaje de las personas en su actuación común y corriente, siendo la “la buena fe el pivote fundamental de la interpretación contractual”. En la interpretación contractual debe ser desentrañada la intención común de los contratantes, y no sólo la de uno de ellos (CNFed. Civ. y Com., Sala II, 1994/02/15, La Ley, 1995-B, 539, con nota de COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén H., Interpretación de los contratos).-

La jurisprudencia tiene dicho que “En la interpretación de los contratos la buena fe debe entenderse en su doble aspecto: la buena fe creencia y la buena fe lealtad; la verosimilitud en cuanto a resultar creíble o verdadero para el hombre común y el deber de cuidado y previsión propio de los hombres prudentes” (CCiv. y Com., Morón, Sala II, 1988/09/07, La Ley, 1990-B, 357, con nota de ZAGO, J. A.).-

Todo ello (arts. 1197, 1198 del C.C.), será merituado en aras de la resolución del presente caso a la luz de la demanda de cumplimiento contractual interpuesta en los términos consignados y las contestaciones efectuadas por las consideraciones de hecho y derecho en ellas vertidas, sin perjuicio de la normativa específica aplicable al caso teniendo en cuenta las distintas vías alternativas, por lo menos, para interpretar la solución frente a un conflicto en un contrato de compraventa en virtud del incumplimiento –tal como adelante se desarrollará-, como así también se considerará especialmente, la denominada “justicia contractual”, que es la justicia para el caso concreto en el marco de un acuerdo celebrado entre las partes, puesto que: “Cuando las expresiones empleadas en un contrato son claras e inequívocas sólo cabe al juez aplicarlas, sin hermenéuticas adicionales (conf. art. 1137, Cód. Civil) (CNCiv., Sala B, 1995/04/19, La Ley, 1997-E, 1024 -39.831-S-).-

Que  también debe tenerse presente lo resuelto recientemente en autos "Massa, Juan Agustín c/ Poder Ejecutivo Nacional, Decreto 214 y otros s/ Amparo Ley 16.986", Fallos, 329:5913 (27-12-06) que –si bien es cierto- refiere exclusivamente a los depósitos bancarios, adicionalmente, el Dr. Lorenzetti expuso: "la protección constitucional del contrato y de la propiedad tiene efectos importantísimos sobre la evolución futura de las instituciones..., Que el contrato y la propiedad tienen protección constitucional en el derecho argentino y toda limitación que se disponga es de interpretación restrictiva " (CSJN, "Massa, Juan Agustín c/ Poder Ejecutivo Nacional, Decreto 214 y otros s/ Amparo Ley 16.986", Fallos, 329:5913, 27-12-06.-

Que a éste respecto, con relación al caso que nos ocupa y previo a emitir pronunciamiento en definitiva, permítaseme transcribir valiosas consideraciones vertidas por el Dr. Ricardo Luis Lorenzetti quien a más de su rol de Ministro de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación se destaca por su labor como jurista y doctrinario del Derecho según dan cuenta innumerables publicaciones, especialmente en materia contractual.-

 Así entonces refiere que “Esta tutela –protección constitucional del contrato- comprende tanto la libertad de contratar, que es un aspecto de la autonomía personal a la que todo ciudadano tiene derecho (art. 19 Constitución Nacional), como la de configurar el contenido del contrato, que es un supuesto del derecho a ejercer una industria lícita (art. 14 Constitución Nacional) y de libertad económica dentro de las relaciones de competencia (art. 43 Constitución Nacional). La libertad de contratar, de competir y de configurar el contenido de un contrato, constituyen una posición jurídica que esta Corte debe proteger como tribunal de las garantías constitucionales. Es en este sentido como debe ser interpretado el término "propiedad" constitucional (art. 17 Constitución Nacional). No se trata de indagar si hay un derecho real o creditorio, sino de afirmar que la libertad, el derecho subjetivo y la posición jurídica relativas al contrato tienen rango constitucional. Esta es la interpretación consolidada por los precedentes de este Tribunal al sostener "que el vocablo propiedad, empleado por la Constitución comprende, como lo ha dicho esta Corte, todos los intereses apreciables que un ser humano puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad. Todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones privadas sea que nazca de actos administrativos, integra el concepto constitucional de propiedad a condición, de que su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en el goce del mismo" (Fallos: 145:307; Fallos: 172:21).-

De lo manifestado por Lorenzetti, debe apreciarse que las reglas de la Constitución han sido expresadas con sabia amplitud, para permitir su adaptación a los tiempos, pero esta labor no debe desnaturalizar los valores y principios, ya que siempre debe buscarse la coherencia sobre la base de que no hay un sistema jurídico emergencial o de hecho, extraño al que tiene como base la Carta Magna.-

Que también cabe valorar las consecuencias de la amplia tolerancia a las restricciones de los derechos contractuales por razones de emergencia consolidada a lo largo más de setenta años.-

Que entiendo, la excepción se ha convertido en regla y los remedios normales han sido sustituidos por la anormalidad de los remedios. Esta fundamentación de la regla de derecho debilita el compromiso de los individuos con las leyes y los contratos, ya que la emergencia permanente destruye todo cálculo de riesgos y restringe el funcionamiento económico.-

Que la Constitución y la ley deben actuar como mecanismos de compromiso elaborados por el cuerpo político con el fin de protegerse a sí mismo contra la previsible tendencia humana a tomar decisiones precipitadas. Quienes redactaron nuestra Constitución sabían lo que eran las emergencias ya que obraron en un momento en que la Nación misma estaba en peligro de disolución, pero decidieron sujetarse rígidamente a una Carta Magna con el propósito de no caer en la tentación de apartarse de ella frente a necesidades del momento.-

Un sistema estable de reglas y no su apartamiento por necesidades urgentes es lo que permite construir un Estado de Derecho.-

Recordemos que la Constitución Nacional es de orden público y no admite pacto o sentencia en contrario.-

En segundo lugar, quisiera resaltar que prestando atención a lo afirmado por el Ministro Lorenzetti sobre la protección constitucional de los contratos y acerca de la temporalidad de las leyes de excepción; ello contribuirá a entender las conclusiones del presente caso producto de lo que considero será la justicia contractual en el asunto.-

Que la relación jurídica obligacional entre las partes, se da en el marco de un contrato de compra y venta con las particularidades que se hicieron notar tal como se explicitó antes.-

Por tanto, cuando se analiza este contrato frente a las nuevas normas denominadas “de emergencia y pesificación” que implicaron un “cambio en el sistema”, debe quedar en claro que quedan comprendidas las compraventas entre particulares reguladas tanto por el Código Civil Argentino como por el Código de Comercio.-

Resulta de importancia analizar frente a los casos concretos de compraventa cuál sería el camino que el operador jurídico debe transitar ante el incumplimiento por parte del vendedor o del comprador, sea considerando la normativa de emergencia como constitucional, inconstitucional o bien inaplicable al caso.-

De manera tal que estaríamos frente a distintas vías alternativas, por lo menos, para interpretar la solución frente a un conflicto en un contrato de compraventa en virtud del incumplimiento de alguna de las partes.-

Y a su vez, claro está, que aun dentro de la postura que decidiera la aplicación del régimen normativo de emergencia, existen distintas posibilidades a ser aplicadas en busca de la justicia y la equidad del caso.-

Así las cosas nos encontramos frente a los siguientes supuestos: a) incumplimiento contractual en el sistema normativo clásico en moneda extranjera (arts. 617, 619, 622 y cctes. del Cód. Civil); b) incumplimiento contractual en el sistema normativo clásico en pesos; c) el incumplimiento contractual en el sistema normativo de la emergencia en moneda extranjera (es el caso de una compraventa celebrada con anterioridad a la ley 25.561, cuyo precio se pactó en moneda extranjera y que por aplicación de los artículos 11 de la ley 25.561 y 8° del decreto 214/2002 y normativa complementaria y concordante se transforma en obligación a pagarse en pesos); y por último, d) el incumplimiento contractual en el sistema normativo de la emergencia en pesos.-

Que previo a tratar y dilucidar la cuestión de fondo encuadrada en base a uno de los supuestos premencionados aplicando la normativa vigente (válida y constitucional), en esas lides y por ser esencial a la resolución del conflicto (incumplimiento de obligaciones emergentes de un contrato), corresponde analizar y adentrarnos en la constitucionalidad o no de la normativa de emergencia en cuestión, dado que su declaración de inconstitucionalidad ha sido peticionada por una de las partes, cuestionada por otras, pero en definitiva y sin perjuicio de ello, corresponde al suscripto verificar la compatiblidad de las normas que aplica y su coherencia con la Constitución Provincial y Carta Magna Nacional, declarando en su caso la inconstitucionaliad, aún sin requerimiento de parte, de oficio, como una cuestión de Derecho por imperio de los artículos 10 y 210 de la Ley Suprema Provincial.-

Todo ello, para lograr la “justicia contractual” del caso en cuestión, examinando y desarrollando dentro del abanico de variables que las normas de “emergencia” o las “clásicas” ofrecen y que permitan la realización de la Justicia en el caso concreto mediante la aplicación del Derecho vigente y válido constitucionalmente, ya que, como decía el maestro neoconstitucionalista Luigi Ferrajoli, “la sujeción del juez a la ley ya no es,  como en el viejo paradigma positivista, sujeción a la letra fría de la ley, sino sujeción a la ley en cuanto válida, es decir, coherente con la Constitución” (FERRAJOLI, Luigi, Garantismo y Filosofía del Derecho).-

Esto es así, por que si bien es cierto que es función y deber de los jueces el juzgar de acuerdo con las leyes positivas vigentes, también es verdad que han sido constituidos en el cargo para administrar justicia.-

 

II.- De la Inconstitucionalidad de la Leyes de Emergencia y demás normas reglamentarias.-

Que se presenta la parte actora mediante sus letrados apoderados planteando la inconstitucionalidad del decreto 214/02 en virtud del art. 10 de la Constitución Provincial, argumentando la violación de la jerarquía normativa prevista en el art. 31 de la Constitución Nacional, sostiene en lo sustancial la nulidad del decreto en cuestión ya que aduce el Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades legislativas, arguye además afectación al derecho de propiedad y demás principios jurídicos constitucionales, solicitando la tacha de inconstitucionalidad y la inaplicabilidad de las normas al caso.-

Lo que hay que determinar dirimentemente, teniendo en cuenta que el sistema de emergencia ofrece como “clave de bóveda” la pesificación de las obligaciones pactadas en moneda extranjera al dictado de la ley 25.561, es: ¿frente al caso concreto es constitucional la pesificación?.

Para una mejor comprensión y resolución de inconstitucionalidad peticionada y del fallo a considerar resulta útil previamente efectuar una sucinta revisión de las distintas normas en juego.-

Así, ante todo recordamos que mientras se encontraba vigente el estado de emergencia de la situación económica y financiera del Estado nacional, declarado por el Congreso de la Nación por ley 23.344, fue dictada la Ley 25.466 de Intangibilidad de los Depósitos Bancarios. Empero, poco después el Poder Ejecutivo Nacional dictó los decretos 1570/2001 y 1606/2001, mediante los cuales se limitaron la extracción de dinero en efectivo y las transferencias al exterior.-

Por ultimo, luego de asumida la presidencia del país por el doctor Duhalde, se fue sucediendo a partir del 6 de enero del año 2002 una caótica andanada de preceptivas de todo tipo, rango jerárquico y contenido-leyes, decretos del Poder Ejecutivo, resoluciones ministeriales, comunicaciones del Banco Central de la republica, etcétera-, cuyo proceso podría no estar concluido todavía, que comprende en lo esencial lo siguiente:

1°) Ante todo la Ley 25.561 de Emergencia Publica y Reforma del Régimen Cambiario, cuyo articulo 1° declaro “…con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la presente ley, hasta el 10 de diciembre de 2003, con arreglo a las bases que se especifican seguidamente: a) Proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios; b) Reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales; c) Crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública; c) Reglar la reestructuración de las obligaciones, en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario instituido en el artículo 2°.”;

2°) el decreto reglamentario de aquella, N° 71, del 9 de enero de 2002, que en su articulo 1° estableció la “relación de cambio entre el peso y la citada divisa extranjera (dólar estadounidense) conforme a las previsiones del articulo 2° de la ley 25.561”, a razón de un peso con cuarenta centavos ($1,40) por cada dólar, aunque poco después, por decreto 260 del 8 de febrero de 2002, se dispuso por el contrario, desde su entrada en vigencia, “un mercado único y libre de cambios por el cual se cursaran todas las operaciones de cambio en divisas extranjeras”(Art. 1°);

3°) el Decreto N° 214 del Poder Ejecutivo Nacional del 4 de febrero de 2002 sobre “Reordenamiento del sistema financiero. Pesificación”, y sus modificatorios 320 del 15 de Febrero de 2002, 410 del 1° de marzo de 2002, 471 del 8 de marzo de 2002, 704 del 30 de Abril de 2002, 762 del 6 de mayo de 2002, 905 del 31 de mayo de 2002, el cual además derogo los decretos 494 y 620 de 2002 que previamente también habían modificado al decreto 214, y, en fin, el 992 del 11 de junio de 2002.

Este decreto 214/2002 fue dictado además con posterioridad al fallo de la Corte Suprema nacional del 1° de febrero de 2002 en el caso “Banco de Galicia y Buenos Aires s/ solicita interv. Urgente en: Smith, Carlos A. c/ PEN s/ Sumarísimo” (L.L. 2002-A-770 Y ss., fallo 103.246), disponiéndose en el mismo, entre otras cosas, que: “Todos los depósitos en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otras monedas extranjeras existentes en el sistema, serán convertidos a PESOS a razón de UNO CON CUARENTA CENTAVOS ($1,40) por cada DÓLAR ESTADOUNIDENSE, o su equivalente en otra moneda extranjera. La entidad financiera cumplirá con su obligación devolviendo pesos a la relación indicada” (Art. 2°); en su articulo 4°, que “A los depósitos y a las deudas referidos, respectivamente, en los Artículos 2°, 3°, 8° y 11 del presente decreto, se les aplicara un Coeficiente de Estabilización de Referencia, el que será publicado por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA …”; en el articulo 5°, que lo dispuesto en el articulo precedente no derogaba lo establecido por los artículos 7° y 10 de la ley 23.928 – convertibilidad – en la redacción establecida por el articulo 4° de la ley 25.561, prohibiéndose la indexación de las obligaciones de cualquier naturaleza u origen con posterioridad a la sanción de la ley 25.561, y en su articulo 9°: “… la emisión de un Bono en DOLARES ESTADOUNIDENSES, con cargo a los fondos del Tesoro Nacional, por el que podrán optar los depositantes en el sistema financiero, a los que se refiere el Articulo 2° del presente, en sustitución de la devolución de sus depósitos…”;

4°) la resolución 6 del Ministerio de Economía de la Nación del 9 de enero de 2002, sobre “Cronograma de vencimientos reprogramados de los depósitos existentes en el sistema bancario bajo el régimen del Decreto 1570/2001”, y sus sucesivas modificaciones por resoluciones 9 del 10 de enero de 2002, 18 del 17 de enero de 2002, 23 del 21 de enero de 2002, 46 del 6 de febrero de 2002 y 96 del 14 de junio de 2002, amen de la resolución 47 del 7 de febrero de 2002 que estableciera la composición del “Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER)” y de la resolución 81 del 11 de junio de 2002 reglamentaria del decreto 905 del 31 de mayo de 2002, y

5°) la Comunicación “A” 3467 del Banco Central de la Republica Argentina de fecha 8 de febrero de 2002 y su “Anexo: Régimen  de reprogramación de los depósitos”, modificado por las Comunicaciones “A” 3481 del 19 de febrero y “A” 3496 del 25 de marzo, ambas del mismo año 2002.-

Efectuada ésta sucinta revisión de las distintas normas en juego a modo de somero repaso del régimen en el que se enmarcó la “pesificación” resulta propicio a fin del tratamiento del pedido de inconstitucionalidad, analizar lo dicho en ése entonces por nuestro Máximo Tribunal de Justicia.-

Se anticipó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por su parte, ya se había pronunciado con fecha 1° de febrero de 2002 en los autos “Banco de Galicia y Buenos Aires s/ Solicita interv. Urgente en: Smith, Carlos A. c/ PEN s/ Sumarísimo” (L.L. 2002-A-770 y ss., fallo 103-246. Véase también: CSJN, 22-8-2002, “Tobar c/ E. N. Ministerio Defensa – Contaduría General del Ejercito-. Ley 25.453 s/ Amparo ley 16.986”, L.L. 2002-E-428 y ss.) Respecto de buena parte de las cuestiones sobre las que ha vuelto a decidir y ratificar posteriorimente en los autos “Provincia de San Luis c/ Estado Nacional”.

Siendo entonces sus principales fundamentos los siguientes: “Que, a la luz de los criterios jurisprudenciales mencionados se aprecia que en el caso, el actor ha sido victima de la vulneración de su patrimonio, toda vez que la constitución de sus depósitos había sido efectuada bajo la vigencia de un régimen que garantizaba su inalterabilidad. Tal garantía, además, se había visto recientemente reforzada mediante las disposiciones de la ley 25.466 que, con carácter de orden publico, consagró la intangibilidad de los depósitos, definiendo tal intangibilidad como la imposibilidad por parte del Estado de alterar las condiciones pactadas entre los depositantes y la entidad financiera, así como la prohibición de canjearlos por diferentes activos del Estado Nacional, de prorrogar su pago, o de reestructurar su vencimiento (Arts. 1° a 4°)  (…) Ante ese cuadro de situación, tanto las restricciones impuestas por el decreto 1570/01 y sus posteriores reglamentaciones, como por la Ley 25.561 de Emergencia Publica, en cuanto suspende la aplicación de la referida Ley de Intangibilidad (Art. 15), han provocado una incuestionable modificación de las condiciones y presupuestos tenidos en mira por ahorristas e inversores al tiempo de efectuar sus operaciones bancarias lo que apareja un evidente desconocimiento de sus derechos adquiridos y, por consiguiente, una profunda e injustificada lesión a su derecho de propiedad” (consid. 14)

(El subrayado y la cursiva me pertenecen).-

Asimismo, la Corte Suprema Nacional con fecha 5 de marzo de 2003, en los autos “Provincia de San Luis c/ Estado Nacional”, repitiendo algo que ya se ha dicho: que “Bajo el prisma estrictamente jurídico, la mayoría (de dicho Tribunal) ha privilegiado la propiedad como correspondía…” (La cursiva me pertenece), (A éste respecto ver: Walter F., Constitución, pesificación y devolución de depósitos (Bases constitucionales del Derecho Contractual), en L.L. Supl. Especial del 6-3-2003, p.2, N° 15).-

A lo cual puede añadirse que la disidencia minoritaria de los tres jueces que discrepan con dicho pronunciamiento, en definitiva, no apunta al fondo de la cuestión resuelta, sino a que la misma no podría ser planteada y resuelta en el marco limitado de un amparo. En tal sentido, dicha minoría dejo expresamente a salvo que las consideraciones que allí formulaban “no obstan al ejercicio del control de legalidad respecto del procedimiento y de las normas dictadas en relación al tema en debate”, pero con la salvedad de que “esto no puede tener lugar en el marco limitado de un amparo”, cuyo rechazo es conforme a “conocida jurisprudencia del Tribunal (…) cuando la cuestión es compleja u opinable (Fallos: 248:837; 250:772; 252:64; 281:394, entre muchos otros)” (consided. 32). Puntualizándose en el considerando 21 que: “la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la mas delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708 y 324:920, entre otros); por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (Fallos 315:923; 321:441), principio que debe aplicarse con criterio estricto cuando la inconstitucionalidad se platea por la vía excepcional de la acción de amparo y la arbitrariedad e ilegalidad invocada requiere mayor debate y prueba por no ser manifiesta” (Consider. 21).-

(Lo subrayado precedentemente me pertenece).-

Resulta pues indudable, que era ante todo un planteamiento de inconstitucionalidad el que merecían las modificaciones legales introducidas en el ámbito de los contratos (advierto que en éste caso es entre las entidades financieras y los particulares, que dio lugar al conflicto vulgarmente denominado “corralito financiero”) celebrados hasta fines del año 2001 en moneda extranjera y que luego fueran pesificados por la ley 25.561 y demás disposiciones complementarias y modificatorias.-

Al respecto, el primer argumento –que comparto- en que se funda la Corte Suprema es la circunstancia de que lo normado en el decreto 214/2002 sobrepasa y excede el marco de la delegación e facultades concedida por la ley 25.561, lo cual se pone de manifiesto en las siguientes consideraciones, las que me permito transcribir a continuación:

“27) Conforme dicho marco legislativo (Ley 25.561), el Poder Ejecutivo Nacional quedo sujeto a múltiples limitaciones en el ejercicio de las facultades delegadas, ya que el Congreso de la Nación fijo el ámbito de la emergencia en que serian ejercidas (materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria), su duración temporal (hasta el 10 de diciembre de 2003) y los cometidos a satisfacer mediante su cumplimiento (reordenamiento del sistema financiero, bancario y cambiario; reactivación de la economía, mejoramiento del nivel de empleo y de distribución de ingresos; condiciones para el crecimiento económico sustentable, compatible con la restructuración de la deuda publica, restructuración de las obligaciones en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario)…-

“32)… El artículo 6° de la Ley 25.561 constituye el centro normativo de esas bases de la delegación y textualmente establece que: “El Poder Ejecutivo nacional dispondrá las medidas tendientes a preservar el capital perteneciente a los ahorristas que hubieren realizado depósitos en entidades financieras a la fecha de entrada en vigencia del decreto 1570/2001, reestructurando las obligaciones originarias de modo compatible con la evolución de la solvencia del sistema financiero. Esa protección comprenderá a los depósitos efectuados en divisas extranjeras.”-

Según se advierte, el Congreso fijo una pauta precisa, que fue desatendida por el Poder Ejecutivo Nacional al dictar el decreto 214/02. El Poder Legislativo, conforme al texto legal, solo lo había habilitado a actuar para afrontar la crisis, con la limitación de preservar el capital perteneciente a los ahorristas que hubieren realizado depósitos en entidades financieras a la fecha de entrada en vigencia del decreto 1570/01, operaciones entre las que estaban expresamente incluidos los depósitos realizados en moneda extranjera.

“33) Que, al apartarse de ese marco, El Poder Ejecutivo excedió los limites establecidos en los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 15, 19 y 21 de la Ley 25.561, pues esas disposiciones no proporcionan sustento legal para alterar el valor del capital depositado en divisas, restituyendo en moneda de curso legal una cantidad que no expresa su magnitud real…“35) Que cabe concluir, por lo expuesto, que en exceso de las facultades delegadas por el Congreso, el Poder Ejecutivo Nacional transformo, compulsiva y unilateralmente, la sustancia de los depósitos bancarios efectuados en moneda extranjera, al disponer su conversión a pesos, con apartamiento de lo dispuesto por la ley 25.561 y con una relación entre la moneda nacional y las divisas que no refleja el valor del capital originariamente depositado”.-

“Esa falta de concordancia entre la ley mencionada y los ulteriores decretos del Poder Ejecutivo Nacional se patentiza aun mas cuando se advierte que dicha ley no había derogado, sino que solo había suspendido, la vigencia de la ley 25.466, en cuanto disponía la intangibilidad de los depósitos, y únicamente había autorizado el aplazamiento de los pagos que, según las previsiones de los artículos 617 y 619 del Código Civil y de la ley 25.466, debían hacerse en determinada moneda al 3 de diciembre de 2001…”.-

“39) Que, en el orden de ideas precedentemente descripto, ha de concluirse que el poder administrador, al margen de las directivas establecidas por el Poder Legislativo (Art. 6°, Ley 25.561), desconoció –“contra legem”- la sustancia de los depósitos bancarios efectuados en moneda extranjera, al ordenar su eventual – y  postergada – restitución a un valor arbitrariamente fijado por ese mismo poder estatal (…) (lo) que se proyecta, en el “sun lite”, como un grave error agravio al derecho constitucional de propiedad”.-

Siendo por todo ello que bien se ha podido señalar que: “El problema es cuando un decreto del Poder Ejecutivo, como el decreto 214/2002, excede incluso las pautas de la norma legal originaria de la emergencia y se alza en su camino contra la propia ley y contra la misma Constitución” (CARNOTA, Constitución, pesificación y devolución de depósitos … cit., p.1, N°7.), atento a que es obvio que de esa manera se infringe el principio de la prelación jerárquica de las normas jurídicas del articulo 31 de la Constitución Nacional, lo que sin duda resulta manifiestamente arbitrario e inconstitucional.-

Pero además se desprende así mismo de esos considerados precedentemente transcriptos que el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 214/2002 resulta igualmente inconstitucional, en cuanto viola también otras importantísimas garantías constitucionales, cuales son el derecho de propiedad y la consecuente seguridad jurídica, ambos aparados por nuestra Magna Carta.

Y ello es así por cuento el citado decreto 214/2002 transformo compulsivamente a PESOS obligaciones contraídas libremente en “DOLARES ESTADOUNIDENSES” con ajuste a lo establecido en los artículos 617 y 619 del Código Civil (reformados por la Ley 23.928 y ratificados por el Art. 5° de la propia ley 25.561), ya que de esa forma se vino a modificar la “naturaleza” de la primitiva obligación contratada entre las partes, con el grave perjuicio para ambas, o al menos para una de ellas, de la perdida de su real poder adquisitivo intrínseco, atento a que la conversión a pesos se efectuó a la equivalencia de un dólar igual a un peso con cuarenta centavos ($1,40) (y en otros casos de un dólar igual a un peso), a pesar de que al cierre del libre mercado cambiario del día 11 de febrero del año 2002 cada dólar ya se cotizaba a DOS PESOS CON QUINCE centavos ($2,15), oscilando hoy su valor actual en alrededor de los RES pesos con VEINTE centavos ($3,20).-

 Todo lo cual –entiendo-, afecta sin duda al derecho de “propiedad” garantizado en los artículos 14, 17, 29 y concordantes de la Constitución Nacional, siendo por ello, obviamente, por completo arbitrario e inconstitucional.

(Lo destacado en negrita me pertenece).-

En suma, como consecuencia de tales medidas se vino a provocar una muy grave mutación jurídica económica en el país, consumándose “el iter de la devaluación convirtiendo todas las deudas concebidas en moneda extranjera a deudas en pesos”, o sea que el Poder Ejecutivo por su sola autoridad, valiéndose de facultades que le fueran delegadas por el Congreso, procedió a convertir todos los negocios jurídicos “con vulneración del principio del pago exacto, el cual entrañaba la moneda de pago y cumplimiento del plazo” (MALLO RIVAS, Augusto, Notas con motivo del decreto 214/02, en E.D. 196-1065, N°3.); vale decir, lo que se conoce como el principio de la “exactitud” del pago, que es comprensivo de: la “identidad” entre lo debido y lo pagado, la “integridad” – todo lo adeudado – y la “puntualidad” del pago de los artículos 740 a 742, 744, 750, 776, 777 y concordantes del Código Civil (TRIGO REPRESAS, Félix A., en CAZEAUX, Pedro N. y TRIGO REPRESAS, Félix A., Derecho de las Obligaciones, 3° ed., Platense, La Plata, 1991, t. III, ps. 138 y ss., N° 1417).-

Y al respecto también se ha pronunciado, acertadamente, el fallo de la Corte Suprema que nos ocupa, en estos términos: “40) Que, desde esta perspectiva. El régimen puesto en tela de juicio ha consagrado contra una Ley del Congreso una grave lesión del derecho de propiedad, pues, como ha expresado Rafael Bielsa, “… en nuestro sistema el legislador no es el arbitro del derecho de propiedad: puede limitarlo, pero no desnaturalizarlo (…) en todo esta subordinado a la Constitución (…). El interés colectivo nada tiene que ver, y menos imperar, sobre las garantías constitucionales, y no se satisface con injusticias sino con los ingresos fiscales o recursos financieros como la Constitución lo dispone” (El derecho de propiedad en el Constitución, en L.L. 92-77/93).-

Que tanto lo precedentemente expuesto, como lo decidido en la causa “Smith” derivan de la razonada aplicación del articulo 17 de la Constitución Nacional, en tanto dispone que “La propiedad es inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia firme fundada en ley”.-

 Soslayar su vigencia, cualesquiera sean las razones para enervar su recto contenido, importaría retirar a la Republica del concierto de naciones civilizadas, que contemplan el derecho de propiedad como uno de los pilares del respeto a los derechos inherentes a la persona y que configura una formidable base de impulso para el progreso de las naciones. Si bien el Estado puede reglamentar el derecho de propiedad (Art. 28, Cost. Nac.), el ejercicio de esa facultad no puede conducir a disminuir sustancialmente el valor de una cosa (Gunter, G., Consitucional Law, p. 486, 13° ed., The Foundation Press, New York, 1997).-

Que el sistema jurídico impugnado se funda en la declaración de emergencia.-

Al respecto veamos el tema de la emergencia.-

La doctrina de la emergencia pública fue singularizada por un notorio conflicto institucional de poderes a pesar de no ser un tema novedoso en la historia argentina, ni en la jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal Federal.-

Sin embargo, cabe, atribuir características particulares a la crisis que afectó a la Nación, desde los últimos años de la década anterior e hizo eclosión a fines del 2001 produciendo entre otras consecuencias, la declaración del estado de emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria (ley 25.561).

No parece ocioso recordar que es un prius del sistema republicano establecido por la CN, que la función legislativa es atribuida exclusivamente al Poder Legislativo, salvo las delegaciones que puede hacer en ciertas circunstancias al Poder Ejecutivo. Pero no está autorizada la delegación al Poder Judicial, el que siempre resuelve el caso particular por aplicación de las leyes. Esto ha quedado condensado en la ley 27 y en el Art. III del Título Preliminar del CCom. que dice: "Se prohíbe a los jueces expedir disposiciones generales o reglamentarias, debiendo siempre limitarse al caso especial de que conocen".-

Y continúa: "el objetivo perseguido por la revisión del contrato, cuando se han alterado sus bases es posibilitar que... siga vigente como ley de las partes, con el sentido y alcance que los celebrantes quisieron ajustado a su finalidad y economía". (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B, "Nahuelsat S.A. c. Grupo Uno S.A.", 20/05/2004, LA LEY 17/11/2004, 12, donde se dijo:  “El plexo normativo que dispuso la "pesificación" —decreto 214/2002, artículo 11 de la ley 25.561 y ley 25.820 (Adla, LXII-A, 117; LXII-A, 44; LXIV-A, 38)— debe declararse, de oficio, inconstitucional y, por tanto, inaplicable al acreedor de una obligación contraída en moneda extranjera, quien debe cobrar la cantidad de dólares estadounidenses que le es debida (Del voto en disidencia de la doctora Piaggi).

(Todo lo destacado en negrita precedentemente me pertenece).-

Asimismo y con relación a la emergencia nuestro Supremo Tribunal Federal con distinta composición, en los casos "Smith", "Peralta", "Provincia de San Luis", entre otros, expresó que "los mecanismos ideados para superar la emergencia están sujetos a un límite"; que "la limitación fijada por las sucesivas normas, muestra un ejercicio carente de razonabilidad de la facultad normativa tendiente a conjurar el trance... (que)... tal restricción implica una violación a los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional en tanto desconoce el derecho de las personas a disponer libremente y en su totalidad de su patrimonio".

En Provincia de San Luis la Corte Suprema de Justicia de la Nación sigue claramente la idea de "Smith", al vedar la posibilidad de aplicar retroactivamente una ley que priva a los particulares de su propiedad legítima, la cual se había visto reforzada por la expectativa generada a raíz de la sanción de la ley 25.466/2001 (ley de intangibilidad), cuyo posterior desconocimiento por el Estado no es una conducta admisible.-

En tal orden de ideas, parece útil traer a colación otro importante precedente de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación del 26-08-25, en sentencia recaída en la causa "Leonardo Mango c. Ernesto Traba", que marcó en esa oportunidad una doctrina en torno a la transitoriedad de las restricciones fundadas en la emergencia.-

Dijo el Tribunal: a) "que se trata de una medida transitoria y de corta duración"; b) "pero este régimen anormal no puede encontrar suficiente justificativo cuando se lo convierte de hecho en una norma habitual" (Fallos 136:161 -...-).

Y agregaba: "que en las condiciones expresadas no es posible considerar razonable la restricción extraordinaria al derecho de usar y disponer de la propiedad que mantiene en vigor la ley... y que en su origen fue sancionada como una medida excepcional destinada a salvar una grave emergencia. Por consiguiente, la aplicación que de dicha ley se ha hecho en el caso 'sub judice', resulta incompatible con las garantías consagradas en los arts. 14 y 28 de la Constitución" (...).

En el dictamen del caso “Bustos”, el Procurador General de la Nación aludió a un dictamen del Procurador General Dr. Larreta del 06-09-34, que reitera aspectos ya enumerados por el Chief Justice Hughes en el caso "Home Building v. Blaisdel".

Allí se mencionaban distintos requisitos para que una ley de emergencia esté justificada; entre ellos: a) "que la moratoria sea razonable acordando un alivio justificado por las circunstancias"; b) "que su duración sea temporal y limitada al plazo indispensable para que desaparezcan las causas que hicieron necesario la moratoria" (conf. Fallos 172:21; 313:1513 y sus citas -...-). Véase también el dictamen del Procurador General en la causa "Tobar" (Fallos 325:2059).

Adicionalmente, la CSJN tiene dicho en forma reiterada que la sentencia que se desentiende de las consecuencias económicas de lo que decide, encuadra en una causal autónoma de arbitrariedad (Fallos 295:65; 296:500, 546 y 767; 298:76, 464 y 558; 300:197, 903 y 936; 301:45; 302:528 Y 1284; 303:1334; 304:717 y 1017; LA LEY, 1978-C, 95; ED, 79-195).-

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B, en autos "Nahuelsat S.A. c. Grupo Uno S.A.", 20/05/2004, y en jurisprudencia que comparto y hago mía, ha dicho que: "no procede la pesificación de una deuda reclamada en dólares estadounidenses librado con anterioridad a las leyes de emergencia" ("Bacacay, Mario c/ Barroso de Zuleta, Nélida", del 24-6-03).

De su lado, la Sala D de ésa Cámara al tratar la constitucionalidad de la ley 25.820, según la cual ciertas obligaciones de dar sumas de dólares estadounidenses sean convertidas a pesos con la paridad 1 a 1... "haya o no mora del deudor", ha dicho: "la previsión trata por igual a quienes se hallan en situaciones diferentes, trata igualitariamente al deudor moroso que al no moroso... la ley en examen es violatoria de las normas de los arts. 16 y 17 CN... El obligado moroso en dólares debe pagar su deuda en dólares, pues de otro modo se estaría... premiando al deudor moroso con la licuación de su deuda y con la privación de los efectos de la traslación de los riesgos causados por su mora -que forzosamente financiado por la acreedora- ciertamente no se compadecería con el propósito de afianzar la justicia que inspira nuestra Constitución Nacional, según su Preámbulo" ("Alpesca S.A. c/ Alvarez, Luis R.", del 30-6-94).-

(Lo destacado en negrita precedentemente me pertenece).-

Por último y para consolidar definidamente la inconstitucionalidad de la normativa de emergencia en cuestión, bastaría tan solo mencionar los modos de convalidar el decreto de necesidad de urgencia aducidos por el Poder Ejecutivo Nacional y que pueden resumirse en palabras de los Ministros Carlos Fayt y Carmen Argibay in re "Massa, Juan Agustín c/ Poder Ejecutivo Nacional, Decreto 214 y otros s/ Amparo Ley 16.986", Fallos, 329:5913 (27-12-06), dijeron: “Para justificar el régimen inaugurado por el artículo 2° del decreto 214/2002 se ha argumentado que la gravedad de la crisis reinante al momento de su dictado, declarada por el artículo 1° de la ley 25.561, hizo imprescindible tal medida. También se ha invocado el artículo 64 de la ley 25.967, sancionada en diciembre de 2004, por el cual se lo "ratifica". En primer lugar, estos modos de convalidar un decreto de necesidad y urgencia no se encuentran admitidos por la Constitución Nacional y ello basta para rechazarlos según el enfoque que he adoptado precedentemente. Pero no es ésta la única razón para rechazar tales argumentos.-

(Lo destacado en negrita me pertenece).-

En consecuencia, cabe concluir que el sistema jurídico impugnado, fundado en la emergencia, ha arrasado lisa y llanamente con la garantía constitucional de la propiedad y destruido – como se apunto – el presupuesto, también constitucionalmente establecido, de la seguridad jurídica con total olvido de que cuando se recurre a los poderes de emergencia se lo hace con el objeto de amparar y defender el orden preestablecido pues ella no suprime la legitimidad constitucional sino que la garantiza por vía de remedios extraordinarios.-

“El efecto producido por las normas impugnadas excede, pues, el ejercicio valido de los poderes de emergencia, ya que en estas situaciones, como se recordó mas arriba, el Estado no puede validamente trasponer el limite que señala el articulo 28 de la Constitución Nacional. Las normas cuestionadas afectan, por tanto, en forma directa e inmediata las garantías reconocidas por los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional”.-

Que, reiteradamente, esta Corte ha señalado que el contenido del derecho constitucional de propiedad se vincula con la noción de derechos adquiridos, o sea, con derechos definitivamente incorporados al patrimonio de una persona (Fallos: 312:1121). De ahí que también el Tribunal haya sostenido que “cuando bajo la vigencia de una ley un particular ha cumplido todos los actos y obligaciones sustanciales y requisitos formales previstos en ella para ser titular de un derecho, debe tenérselo por adquirido, y es inadmisible su modificación por una norma posterior sin agraviar el derecho constitucional de propiedad” (Fallos: 296:737; 299:379; 303:1835 y 1877; 307:305).-

Todo lo cual comporta, pues, sin duda alguna, una flagrante violación de la garantía constitucional de la “propiedad” contemplada en la Constitución Nacional en sus artículos: 14 (“Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos (…) de usar y disponer de su propiedad…”); 17 (“La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella…”), y 29 (“El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional (…) facultades extraordinarias (…) por las que (…) las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable…”), como asimismo en diversos tratados y convenciones internacionales expresamente mencionados en el inciso 22 del articulo 75 de esa misma Constitución, en el que se le asigna además de “jerarquía constitucional”, como, son entre otros: la Declaración Americana de los derechos y deberes del Hombre en su articulo XXIII, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su articulo 17, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en su articulo 21, y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial en su articulo 5°, apartado d, inciso v.-

Ergo: no caben dudas de la inconstitucionalidad de la pesificacion ya que, dispone forzadamente el cambio de la moneda pactada pesificando obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en moneda extranjera.-

No hay relación de causalidad entre el medio elegido: pesificar y el fin propuesto: reactivar el funcionamiento de la economía y crear condiciones para el crecimiento económico sustentable.-

El cambio de moneda confisca el derecho de propiedad y aniquila el derecho adquirido a la devolución de la misma especie, calidad y  cantidad de la moneda en que está expresada la obligación, en los términos de los artículos 617 y  619 del Código Civil.-

La confiscación fue hecha en beneficio de los deudores entre los que se encuentran el propio Estado pesificador.-

Altera los efectos de la propia decisión de política cambiaria, puesto que la devaluación naturalmente significa un mayor esfuerzo para el deudor en moneda extranjera, medido en moneda doméstica, que es un riesgo libremente asumido por el que lo obliga como la ley misma.-

El traslado del perjuicio de quien había asumido el riesgo a quien está contractualmente eximido de sus alcances es de insanable nulidad. ¿Para  qué  se  pacto en moneda extranjera?.-

La pesificacion viola la garantía según la cual todos somos iguales ante la ley y frente a las cargas públicas.-

“Las normas que establecieron la pesificación fueron dictadas extralimitando los poderes de emergencia que el Estado puede usar en tiempo de crisis, puesto que la restricción que impone el Estado al ejercicio normal de los derechos patrimoniales debe ser razonable, limitada en el tiempo, un medio y no un mutación en la sustancia o esencia del derecho adquirido por sentencia o contrato, y está sometido al control jurisdiccional de constitucionalidad, toda ves que la emergencia no suspende las garantías constitucionales y las restricciones impuestas al poder del Estado y si bien es cierto que acontecimientos extraordinario habilitan remedios extraordinarios, los mecanismos ideados para superar la emergencia están sujetos a un límite y este es su razonabilidad con la consiguiente imposibilidad de alterar o desvirtuar en su significación económica el derecho de los particulares”. (LIENDO, (h), Horacio Tomás, Inconstitucionalidad de la llamada “pesificación”, en L.L. del 25-7-202, p. 2).-

El Poder Ejecutivo conforme a la regla del artículo 99, inciso 3º de la Constitución, sólo excepcionalmente posee facultades legislativas “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios” previstos para la sanción de las leyes, siempre que no se trate de normas que regulen la materia penal, tributaria, electora o el régimen de los partido políticos, y ello sujeto al control del Congreso.-

Asimismo, creo que este razonamiento debería ser completado en el sentido de que no hay constitucionalidades abstractas sino que deben referirse al caso concreto con una violación concreta de un derecho constitucional y debidamente probado, lo que adquiere mucha mayor relevancia en el tema de los acreedores y deudores particulares.-

En este sentido resultan acertadas las palabras de Lorenzetti cuando señala que uno de los caminos puede ser la inconstitucionalidad de la norma de pesificación para lograr la justicia contractual.-

 

Obiter dictum: Por ultimo cabe puntualizar, en similar sentido, que según nuestra Corte Suprema las leyes deben ser razonables, vale decir que deben guardar una adecuada proporción entre los fines que persiguen y los medios instrumentados a tal efecto (CSJN, 28-12-77, “Juan R. Azar”, Fallos 299:428, cuyo considerando 5° enumera una gran cantidad de precedentes de igual sentido. BIANCHI, Alberto b:, La Corte Suprema ha establecido su tesis oficial sobre la emergencia económica, en L.L. 1991-C-166, N° VII y nota 134; BIDART CAMPOS, German J., Tratado elemental de derecho Constitucional, Ediar, Buenos Aires, 1986, t. I, p. 229; PADILLA, Miguel Lecciones de derechos humanos y garantías, Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 1986, p. 75, etc.) y que cuando ha decidido la constitucionalidad de leyes que en situaciones de emergencia han suspendido temporalmente lis efectos de los contratos lo ha hecho, empero, con la expresa aclaración de que ello será así siempre que no se altere su sustancia: la “restricción debe ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la substancia o esencia del derecho adquirido…”, añadiéndose que “esta sometida al control jurisdiccional de constitucionalidad, toda vez que la situación de emergencia, a diferencia del estado de sitio, no suspende las garantías constitucionales”, debiéndose mantener “incólume y en su integridad la sustancia de los mismos (los contratos), como así la de los derechos y obligaciones que crean o declaren (CSJN, 15-5-59, “Russo c/ C. de Delle Donne”, Fallos 243:472; 27-12-90, “Peralta c/ Estado Nacional”, L.L. 1991-C-158 y ss., etc.).-

 Argumentando además que: “23) … Sin perjuicio de ello, no es ocioso recordar, como lo ha puntualizado desde antaño el Tribunal, que la restricción que impone el Estado al ejercicio normal de los derechos patrimoniales debe ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la sustancia o esencia del derecho adquirido por sentencia o contrato (Fallos 243:467; 323:1566, entre muchos otros). De ahí que los mecanismos ideados para superar la emergencia están sujetos a un limite y este es su razonabilidad, con la consiguiente imposibilidad de alterar o desvirtuar en su significación económica el derecho de los particulares (cfr. Causa “Smith”); y no es dudoso que condicionar o limitar ese derecho afecta a la intangibilidad del patrimonio y obsta al propósito de afianzar la justicia”; concluyéndose luego que: “55) … Frente a disposiciones de otros poderes que no reflejen tal proceder, es deber imperioso e indeclinable de la justicia restituir el orden vulnerado, también en cumplimiento estricto de su deber constitucional. En rigor, al Poder Judicial le esta vedado juzgar el acierto o error de decisiones que incumban al área de política económica; mas es incontrovertible que aquel debe controlar la razonabilidad y constitucionalidad de tales medidas, máxime cuando, como en el caso, estas se traducen en normas sujetas a bruscos y veloces cambios, sin que resulte posible encontrar una respuesta apropiada y oportuna sobre la cual basar alguna certeza jurídica. Ante tales circunstancias, cuando la ley y la reglamentación vacilan en sus propósitos y finalidades, es la jurisprudencia la que debe mantener su firmeza pues “la interpretación, el comentario, la jurisprudencia, es el gran medio de remediar los defectos de las leyes” (cfr. Alberdi, Bases, cit)”.-

(Lo destacado en negrita precedentemente me pertenece).-

Finalmente, resta decir que el presente proceso tiene una connotación y vinculación importante con el Derecho de Propiedad, de raigambre constitucional supralegal, consagrado en todo el ordenamiento jurídico y cuyos mecanismos de protección están dados en las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de San Luis, que son concordantes y compatibles constitucionalmente con el art. 17 de la Carta Magna Fundamental y sus correlativos en la Constitución Provincial en cuanto consagran el derecho de propiedad o dominio y que dicha disposición se encuentra en la parte dogmática de la Constitución, enarbolándose como una declaración netamente operativa y que debe efectivizarse conforme las leyes (Código Civil y leyes especiales) que reglamenten su ejercicio y que no pueden ser alterados por ellas (art. 28 C.N.A.).-

Por tanto, surge patente y evidente la máxima funcionalidad de la Constitución Nacional a estas lides, que es particularmente donde se dirige la exigencia del respeto por la propiedad o dominio y al diagrama institucional y funcional, dibujado en la Constitución Nacional.-

Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, insta a: “…Interpretar la Constitución de conformidad y armónicamente con todo el ordenamiento jurídica” (312:1:420) y tiene establecido que: "ha dicho que dentro del concepto de propiedad están todos los intereses apreciables que el hombre puede poseer fuera de si mismo, de su vida y de su libertad" (Autos: Bordieu Pedro C/ Municipalidad de la Capital), por lo que conforme este criterio, "la protección del art. 17 de la Constitución se extiende a todos los bienes - materiales o inmateriales - susceptible de apreciación económica que pueda poseer una persona " (Tratado de Derecho Constitucional Tomo 11 pag. 191 de Miguel A. Ekmekdjian).-

En síntesis, se debe verificar una fidelidad no estática sino más bien dinámica con el poder constituyente entre la norma y la Constitución, ya que la Ley Suprema es la norma jurídica fundacional primera y está por encima del ordenamiento local o provincial.-

Desde éste punto de vista y análisis -respondiendo al pregunta que se postulara ab initio en éste acápite- la norma en cuestión (Decreto 214/2002), como así también toda la restante legislación y normativa de emergencia dictada y la “pesificación”, atenta contra el ordenamiento supra legal consolidado en la Constitución Nacional y no lo complementa coherentemente y por ende resulta inconstitucional.-

En virtud de ello, y de conformidad a los Principios, Derechos Constitucionales, Doctrina y Jurisprudencia citadas, los argumentos y fundamentos que residen en la fuerza normativa de la Ley Suprema y toda vez que principios constitucionales se verían quebrados, con lo que a su vez se vulneraría el derecho de la propiedad de los abogados, estimo que el artículo cuestionado contraría los principios constitucionales consagrados en los art. 14, 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional Argentina y 16, 35, 43 de la Constitución Provincial.-

Señala Hermogeniano que “por causa del hombre existe el Derecho, éste es el fin y razón ultima de ser del ordenamiento jurídico”.-

Por su parte, Bidart Campos nos enseña: “eliminar discriminaciones arbitrarias entre las personas: la igualdad importa un grado suficiente de razonabilidad y de justicia en el trato que se depara de los hombres” (Bidart Campos G. “Manual de la Constitución Reformada”, T. I pág.529 y ss).-

Es de suyo reparar además que “si bien el legislador está autorizado a reglamentar los derechos y garantías constitucionales, ésta no puede contradecir el fin para el que se reconoció la garantía; en el caso reparar las desigualdades económicas frente al derecho de acceso a la justicia. Es que no son absolutos los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional, y esta sometido su ejercicio a las leyes que los reglamenten, siempre que los mismos sean razonables y se adecuen el fin que requirió su establecimiento y no incurra en arbitrariedades” (LL 1989-B-253).-

Muy importante resulta mencionar lo destacado por nuestro Máximo Tribunal en fallo del 18-X-1864 en la causa “Benjamín Calvete” (1:340) donde afirma con claridad meridiana: “la Suprema Corte es el intérprete final de la Constitución, y siempre que se haya puesto en duda la inteligencia de alguna de sus cláusulas y la decisión sea contra el derecho que en ella se funda, la sentencia de los Tribunales Provinciales está sujeta a la revisión de la Suprema Corte. Es elemento de nuestra organización constitucional, la atribución que tienen el deber en que se hallan los Tribunales de Justicia, de examinar las leyes en las causas concretas que se traen a decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no su conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentra en oposición a ella…”.-

En consonancia con lo expresado, la cuestión queda aún mas zanjada y definida con la doctrina que emerge del “Caso Strada” (308:490) que tiende explícitamente a la visión sistemática y unitaria de la totalidad del derecho nacional, pues en dicha resolución luego de reconocer la facultad no delegada de las provincia de organizar la administración de justicia, advierte que “tal ejercicio es, desde todo punto de vista, inconstitucional si impide a los magistrados locales considerar y aplicar en su integridad la totalidad del orden jurídico del Estado, en cuya cúspide se encuentra la Constitución Nacional, las leyes que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras a las que las autoridades de cada Estado están obligadas a conformarse, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan sus constituciones o leyes”.-

Por otra parte y en vinculación con la directiva de interpretación jurídica constitucional aplicada al presente caso, consolidada doctrina en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es esa que “los jueces deben interpretar las leyes de manera que concuerden con los principios y garantías constitucionales” (242:128; 246:162; 248:91; 254:483; 262:41; 267:478), y también aquella que “no se trata de desconocer las palabras de la ley sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del ordenamiento jurídico, y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el todo normativo” (312:1:112) (Ver: VIGO, Rodolfo Luis, Interpretación Constitucional, Segunda Edición, Edit. Lexis Nexos – Abeledo Perrot, pág. 127/128).-

(Lo precedentemente destacado me pertenece)

Por último, cabe destacar lo sostenido por nuestro Excmo. Superior Tribunal de Justicia que en reciente fallo STJSL-S.J.N. Nº 30/09 en autos caratulados: “COLEGIO DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS – DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD (Expte. Nº 01-C-2007), con relación a que es deber de los jueces mantener la supremacía constitucional (art. 31 de la Constitución Nacional y 210 de la Constitución de la Provincia).-

“En efecto, tal como lo sostiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de conformidad con la forma de gobierno federal adoptada, la Constitución Nacional ha confiado tanto al gobierno nacional como a los gobiernos provinciales lo atinente a la organización del régimen de justicia (Conf.. Preámbulo y arts. 1º, 116, 122, y 123), ya que, como explica Montes de Oca, “nuestro régimen federativo se hace sentir en todas las esferas del gobierno”, de modo que “si debe haber ineludiblemente una justicia encargada de mantener la Constitución y las leyes de la República, debe haber también una justicia encargada de dar a cada uno lo que es suyo dentro del recinto de las autonomías locales” (Derecho Constitucional, Menéndez, Buenos Aires, 1923, t. II, pág. 523). Ello sin perjuicio de que la custodia de la supremacía constitucional está depositada en el quehacer de “todos y cada uno de los jueces”, sin distinción entre nacionales y provinciales (Fallos 311:2478 Causa Di Mascio”), por lo que la elemental atribución y deber de los magistrados de verificar la compatibilidad constitucional de las leyes perteneces “a todos los jueces de cualquier jerarquía y fuero” (Fallos: 10:134; 149:122; 302:1325 y otros), en tanto entre nosotros el sistema de control judicial difuso (Cfr. C.S.J.N. –G. 196. XXXV “Gutierrez, Oscar Eduardo c/ ANSeS”.-

En consecuencia, como correlato de todo lo expuesto, cabe inferir a fortiori que la Ley N° 25.561 de “Emergencia Publica y Reforma del Régimen Cambiario” y su Decreto reglamentario N° 71 del 9 de enero de 2002 y el Decreto N° 214 de fecha 4 de febrero de 2002 del Poder Ejecutivo Nacional como así también la restante legislación y normativa de emergencia dictada en consecuencia, suscitan un grave trastocamiento de la noción del Derecho como unidad sistémica lo que supone y autoriza la declaración de inconstitucionalidad de las normas precitadas y su consecuente inaplicabilidad al caso, todo lo que aquí se resuelve.-

 

III.- Ingresando en el análisis de la resolución del presente caso, declarada en el acápite anterior la inconstitucionalidad del decreto 214/2002 que transformó compulsivamente a PESOS obligaciones contraídas libremente en DOLARES con ajuste a lo establecido en los artículos 617 y 619 del Código Civil y demás normativa de emergencia que vino a modificar la “naturaleza” de la primitiva obligación contratada entre las partes, considerando las distintas vías alternativas, en las que nos encontrábamos al inicio, para interpretar la solución frente a un conflicto en un contrato de compraventa en virtud del incumplimiento de las partes, y a su vez, claro está, dentro de la postura que decidiera la aplicación del régimen normativo en busca de la justicia y la equidad del caso.-

 Que el incumplimiento de la compraventa celebrada con anterioridad a la ley 25.561, cuyo precio se pactó en moneda extranjera y que por aplicación del decreto 214/2002 y normativa complementaria y concordante se transformó inconstitucionalmente en obligación a pagarse en pesos, debe encuadrarse para su resolución en el sistema normativo clásico de incumplimiento en moneda extranjera (arts. 617, 619, 623 y cctes. del Cód. Civil).-

Con relación a la cuestión de fondo, y tal como se sostuvo por los argumentos legales y constitucionales dados, en virtud del postulado y consecuencias del principio de la autonomía de la voluntad (art. 1197 del C.C.) y sin desconocer la autorregulación de los interese privados particulares, los jueces se ocupan de hacer ejecutar o cumplir los contratos, juzgando si ese cumplimiento se ha respetado o no por las partes y si éstas han actuado de acuerdo con los estipulado.-

En éste sentido, la resolución del presente caso debe ser justipreciada bajo la directiva de interpretación jurídica dirigida a entender el significado y a fijar el alcance del objeto interpretado (en el caso, compra y venta de lotes de terreno cuyo precio fue pactado en dólares); mediante una interpretación auténtica del contrato y la declaración de las partes que fijan y definen lo querido mediante un acuerdo; todo ello para llegar a la justicia contractual del caso.-

De manera tal que el caso en estudio se encuentra comprendido en el marco básico de contratos de compraventa a pagar en moneda extranjera incumplido por los compradores-deudores.-

El tratamiento que el régimen civil otorga a ésta situación donde no se aplica la legislación de emergencia por su inconstitucionalidad declarada es el que se encuentra previsto y establecido en los artículos 617, 619 y concordantes del Código Civil que en síntesis prevé que en el contrato donde se había pactado en moneda extranjera, el comprador para cumplir con dicho pago debe pagar en la moneda extranjera y en el momento en que ésta debía entregarse para cumplir con el pago.-

“El comprador deberá pagar el precio como tal y en la moneda extranjera convenida, no otra, pues ella tiene ahora poder cancelatorio si se previó su entrega. No hay ninguna obligación facultativa legal, ni derecho de sustitución por moneda nacional en su favor” (GERSCOVICH, Carlos G., Derechos Económico Monetario, Depalma, Buenos Aires, 1991).-

Por lo tanto, la no entrega del precio en la moneda pactada dejaría al deudor en una situación de incumplimiento de las prestaciones a su cargo.-

El texto del originario articulo 617 de nuestro Código Civil disponía que: “Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se hubiere estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la Republica, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas”.-

Es decir, que si bien permitía y convalidaba las contrataciones en moneda extranjera, en cambio no las regulaba como obligaciones dinerarias sino como “obligaciones de dar cantidades de cosas” del Capitulo 3, Titulo 7, Parte Primera de la Sección Primera del Libro Segundo; las que tiene un régimen muy similar, aunque no idéntico, al de las “obligaciones de dar sumas de dinero” del Capitulo 4, de ese mismo Titulo. Y en consecuencia, por aplicación de lo previsto en el articulo 608 del Código Civil sobre las obligaciones de dar cantidades de cosas, el acreedor tenia “derecho a exigir del deudor moroso otra igual cantidad de la misma especia y calidad (…) o su valor, según el valor corriente en el lugar y día del vencimiento de la obligación”, norma esta que por cierto facilitaba el cumplimiento de las deudas en moneda extranjera, mediante el pago de su “valor” equivalente en moneda nacional.-

Pero en nuestro país el régimen de las obligaciones pecuniarias es determinado simultáneamente por las normas del Derecho Civil y del Derecho Publico y Administrativo (BUSSO, Eduardo B., Código Civil anotado, Ediar, Buenos Aires, 1951, t. IV, p. 215, N° 54; TRIGO REPRESAS, Félix A., Obligaciones de Dinero y depreciación monetaria, 2° ed., Platense, La Plata, 1978, p.46, N° 35.).-

 Y entre estas ultimas, la no derogada ley monetaria 1130 prohibía en su articulo 7° la circulación en el país de toda moneda extranjera, a partir del momento en que se hubiesen acuñado ocho millones de pesos oro y cuatro millones de pesos plata, circunstancias estas que debían hacerse saber por un decreto del Poder Ejecutivo; agregando su articulo 8° que los tribunales y las oficinas publicas no podrían dar curso a gestiones o actos que se expresasen en moneda distinta a la nacional, con excepción de los contratos que debían ser ejecutados fuera del país, en tanto que los convenidos fuera del país en moneda extranjera pero a cumplirse en la republica Argentina debía ser exigidos en moneda nación por su equivalente. De tal forma bien pudo sostenerse que las obligaciones en moneda extranjera pactada y a cumplirse en el país, quedaron invalidadazas en virtud de la ley 1130. (CAZEAUX, Pedro N., en CAZEAUX, Pedro N. y TRIGO REPRESAS, Félix A., Derecho de las Obligaciones, 3° ed., Platense, La Plata. 1989, t.II, p. 242, N° 757; SALVAT, Raymundo M. y GALLI, Enrique V., Tratado de Derecho Civil argentino. Obligaciones en general. 6° ed., Tea, Buenos Aires, 1952, t.I, p. 407, N° 464).-

No obstante, pese a lo normado en dicha ley, nuestras doctrina y jurisprudencia se pronunciaron por la validez de las obligaciones contraídas en moneda extranjera, con apoyo en dos distintos tipos de argumentación pero coincidentes ambas en cuanto a su resultado final.-

El primer razonamiento fue el sostenido por el doctor Argentino Barraquero, en su voto como miembro de la Cámara Civil Primera de Capital federal en los autos “Gómez Pombo c/ Banco Hipotecario Franco Argentino” (Fallo del 5-10-40, L.L. 20-290 y J.A. 73-936.), al exponer que conforme a la ley 1130, la desvalorización de la moneda extranjera no había de producirse en forma automática, sino solo desde que el Poder Ejecutivo dictara el decreto por el cual quedase reconocido y legalmente comprobado que se había acuñado la cantidad de moneda nacional prevista por ley. Ahora bien, aunque el 5-11-90 se dicto tal decreto, como ocurriera que los “argentinos” acuñadas fueron sustraídos del mercado, el mismo Poder Ejecutivo dicto luego otro decreto el 22-1-91 dejando sin efecto al anterior; de manera que la prohibición contenida en la ley dejo de aplicarse por faltar el presupuesto de hecho requerido para su efectiva vigencia.-

Al sancionarse la llamada Ley 23.928 de Convertibilidad del Austral 23.928 por su articulo 11 se modificaron también tres preceptos de nuestro Código Civil correspondientes al capitulo De las obligaciones de dar sumas de dinero: los artículos 617, 619 y 623.-

Entre ellos interesa muy especialmente en referencia al tema que nos ocupa el nuevo texto del articulo 617, el cual trata de la obligación en moneda extranjera y dispone que: “Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se hubiere estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la Republica, la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero”.-

Por lo tanto, desde entonces la obligación contraída en una moneda extranjera ya no puede ser considerada como una mera “cláusula estabilizadora o de reajuste”, sino que importa una verdadera obligación de dar dinero. Habiéndose así consagrado legislativamente lo que anteriormente se había insinuado por una tendencia minoritaria de nuestra doctrina y jurisprudencia, que admitía la posibilidad de contratar en moneda extranjera como especifica moneda de pago (ALTERINI, Jorge H., Las obligaciones en moneda extranjera y la hipoteca, en L.L. 1987-B-873 y ss.; BOGGIANO, Antonio, Obligaciones en moneda extranjera, Depalma, Buenos Aires, p. 198; id., ¿Australes o dólares? En L.L. 1986-E-952; CAUSSE, Jorge R., Mutuo en moneda extranjera (especialidad crediticia y registración), en L.L. 1988-E-492 y ss., N° II; ORELLE, José M. R., Junio 1989: contratación en dólares, en E.D. 132, ps 920 y ss; TRIGO REPRESAS, Félix A., Obligaciones en dólares, en Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, año XXXIV, Segunda Época, N° 27, ps. 265 y ss., N° V y VI; id., Obligaciones en moneda extranjera con garantía hipotecaria, en L.L. 1986-B-338 y ss., N° VII y VIII; CNCiv., sala A, 11-8-88, “Santamarina, Miguel A.”, L.L. 1988-B-491; sala C, 26-11.85, “Vignola c/ Colombo de Marchi”, L.L. 1986-B-301 y J.A. 1986 – IV – 329; sala G, 25-9-85, “Oks Silverman c/ Achaval y Cia.”, E.D. 117-483.).-

Y así lo dicho se suma que, conforme a la nueva redacción del articulo 619 del Código Civil, la obligación de entregar una suma de determinada especie o calidad de moneda, se cumple “dando la especie designada, el día de su vencimiento”; resulta que en el porvenir cualquier obligación contraída en moneda extranjera deberá cumplirse “dando la especie designada” y no ya con su equivalente en moneda nacional, conforme al tipo de cambio existente en el lugar y día del vencimiento de la obligación, tal como anteriormente se aceptaba por la mayoría de nuestra doctrina y jurisprudencia (Ver autores y fallos citados supra).-

Por ello, a tenor de los artículos 617 y 619 de nuestro Código Civil, resulta pues plenamente factible en la actualidad contraer obligaciones en monedas extranjeras, con validez aun para el ámbito interno de nuestro país.-

Que el acuerdo que el Sr. Demo instrumentó y celebró con cada uno de los demandados mediante los boletos de compraventa acompañados como documental, generaron lo que se denominó al principio “obligaciones transitorias”, las cuales se encuentran reguladas según lo desarrollado en la presente por los artículos 617, 619 y 622 del Código Civil.-

Sin lugar a dudas, estas obligaciones en transición, las compra y ventas pactadas en moneda extranjera, particularmente en dólares y los artículos premencionados constituyen las normas básicas para la resolución del conflicto.-

En los sustancial disponen que si por el acto que se ha constituido la obligación, se hubiere estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero; y si la obligación del deudor fuese de entregar una suma de determinada especie o calidad de moneda, cumple la obligación dando la especie designada,  el día de su  vencimiento.-

Asimismo, no se deben intereses de los intereses, sino por convención expresa que autorice su acumulación al capital con la periodicidad que acuerden las partes; o cuando liquidada la deuda judicialmente con los intereses, el juez mandase pagar la suma que resultare y el deudor fuese moroso en hacerlo. Serán válidos los acuerdos de capitalización de intereses que se basen en la evolución periódica de la tasa de interés de plaza.-

En concreto, ordenan: a)La devolución en la moneda pactada, y b) la devolución  en la fecha de vencimiento.-

En este sentido, rescata el profesor Lorenzetti que se ha mantenido el principio nominalista, el de la moneda extranjera como obligación dineraria y el de la prohibición del anatocismo, en virtud del mantenimiento del contenido de los artículos en análisis.-

Así señala que “…El deudor de una obligación de dar una suma de dinero cumple con su obligación dando al día del vencimiento la cantidad nominalmente expresada (arts. 7º, ley 23.928 y 619, Cod. Civ.). Se establece de este modo el principio nominalista que obliga a dar la cantidad expresada en la obligación, y no el valor  o la cantidad de moneda necesaria para  comprar el bien comprometido en la obligación (…) se mantiene el régimen del Código Civil (art.617) que considera a la obligación en moneda extranjera como de dar sumas de dinero (…) se mantiene la prohibición del anatocismo conforme el artículo 623 del Código Civil” (LORENZETTI, Ricardo Luis, La emergencia económica  y los contratos,2ª ed. ampl. y act., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2002,ps.148 y 149).-

Por todo lo dicho y siguiendo jurisprudencia que comparto surge que: “La obligación contraída en moneda extranjera debe pagarse en la misma especie de moneda designada” (CNCom, sala E, 16-12-96,L.L. 1998-D-849, S-40.532; SCBA, 12-4-94, D.J. 1992-2-840 Y DJBA 146-3320) y que la modificación introducida por la ley 23.928 a los artículos 617 y 619 del Código Civil, que ubica a las obligaciones en moneda extranjera entre las de dar sumas de dinero, con derogación de las regla de cumplimiento por equivalente, “significa que la moneda extranjera como objeto del pago tiene poder cancelatorio, ya que al vencimiento de la obligación deberá darse la especie designada en ella; esto es, la obligación contraída en dólares deberá ser saldad en dólares” (SCBA, 12-4-94, D.J. 1994-2-840 Y DJBA 146-3320).-

También cabe agregar que el artículo 619 del C.C. establece que si el deudor de dinero paga las especies designadas en el título, en la cantidad debida, se habrá configurado “el cumplimiento de la prestación que hace al objeto de la obligación” (art. 725 C.C.) y el pago resultará idéntico e integro (arts. 740 y 742).-

Por lo que en el caso en estudio, a la luz de la normativa precitada, debe concluirse que las sumas abonadas en pesos por los demandados con posterioridad a la constitución de la obligación pactada en dólares, no significan que hayan cumplido con la prestación, deben ser consideradas como a cuenta de la suma que corresponde en dólares, integrando el valor pactado contractualmente, dado el incumplimiento por parte de todos los demandados en autos atento lo abonado en una moneda distinta a la pactada y de un valor de cambio inferior.-

Además, el actor tiene derecho por el principio de identidad e integridad del pago a recibir ni más ni menos que aquella cosa a la que se obligó el deudor, es decir, dólares.-

Así lo dispone el art. 740 del Código Civil, cuando prescribe: “El deudor debe entregar al deudor la misma cosa a cuya entrega se obligó. El acreedor no puede ser obligado a recibir una cosa por otra, aunque sea de igual o mayor valor”.-

Por consiguiente, de las probanzas producidas y documental acompañadas, se desprende que los compradores deben pagar el precio de la cosa comprada, en el lugar y tiempo determinados en el contrato (arts. 1197, 1198 y 1424 del C.C.), ya que contrajeron mediante la suscripción de los boletos de compra y venta una obligación de dar suma de dinero, sujeta a la regulación prevista en el art. 616 y sgtes. del C.C. y debe cumplirse conforme los requisitos exigibles para el pago (art. 724 y sgtes.).-

Asimismo y conforme la “cláusula segunda” de los sendos boletos de compra y venta suscriptos por las partes que dispone: “Esta venta se efectúa por el precio total y convenido de DOLARES ESTADOUNIDENSES …, los que serán pagados en setenta cuotas iguales mensuales y consecutivas, de DOLARES ESTADOUNIDENSES …, cada una de ellas venciendo la primera el día 1° Abril del año 2001 y asé sucesivamente los meses subsiguientes hasta terminar. Queda perfectamente entendido que los saldos de las cuotas abonadas en el tiempo y forma convenido no generará intereses ni actualización monetaria por ningún concepto o causa”; por tanto no se encuentran establecidos intereses convencionales en la obligación.-

No obstante ello, el Art. 622. del C.C. es claro y conteste al afirmar: “El deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que debe abonar”.-

Por ello y frente al caso de interés sin convención, al no fijar el Código Civil la tasa de interés, la jurisprudencia aplica analógicamente la regla del art. 565 Cód. Com., que dispone que los intereses moratorios, cuando no se convino su tasa, serán los que cobran en sus descuentos o préstamos los Bancos públicos, es decir, el Banco de la Nación Argentina. Lo que se explica, porque ésa es la tasa que deberá pagar a su vez el acreedor que, por no tener a tiempo su dinero, deba recurrir al crédito o préstamo bancario.-

En virtud de lo antes expuesto, teniendo en cuenta que “La responsabilidad del deudor moroso en las deudas dinerarias se limita sólo a los intereses -convencionales, legales o judiciales- estando vedado al acreedor la pretensión de reclamo de daño suplementario” (SCBA, 1993/11/23, JA, 1995-I-292), que “La tasa del interés, por aplicación del art. 622 del Cód.Civil, es asunto de razonable aplicación de los jueces” (CS, 1994/10/04, JA, 1995-II-473); (CS, 1994/12/22, ED, 162-498, con nota de BIDART CAMPOS, G. J.) y que “Las obligaciones pactadas en dólares deben llevar como máximo el interés por todo concepto del 24% anual” (CNCiv., Sala A, 1999/10/04, ED, 186-86); (CNCiv., Sala B, 1995/10/13, JA, 1996-III-279); considero justo y razonable aplicar un interés del 20% anual en cada una de las obligaciones pactadas en dólares.-

Por todo ello, en mérito a las fundamentaciones dadas y en aras de una argumentación sincera, eficiente, suficiente, persuasiva, controversial, sustancial y formalmente correcta, con coherencia lingüística y conceptual que sea validante de la regla jurídica, controladora de la decisión judicial, legitimadora de la actividad judicial y concretizadora del derecho resolutorio del problema, conforme el análisis de la prueba aportada por la actora, corresponde hacer lugar a la demanda en todas sus partes.-

Por las razones expuestas, normas legales, lo dispuesto por los arts. 616, 617, 619, 623, 740, 953, 1197, 1198, 1424,  y concordantes del Código Civil, art. 319, 330, 356, 377, y concordantes del C.P.C., principios generales del Derecho, doctrina y jurisprudencia citadas;

 

 

RESUELVO: 1) HACER LUGAR al planteo articulado a fs. 30/34 y en su mérito; Declarar la Inconstitucionalidad de la Ley N° 25.561 de “Emergencia Publica y Reforma del Régimen Cambiario” y su Decreto reglamentario N° 71 y Decreto N° 214 del Poder Ejecutivo Nacional como así también la restante legislación y normativa de emergencia dictada y su consecuente inaplicabilidad al caso de autos.-

2) HACIENDO LUGAR a la demanda de cumplimiento contractual instaurada en todas sus partes y en consecuencia; condenando a los demandados: Fernando Pablo García Montaño, Gladys Noemí Lucero, Carmen Elizabeth Moreno, Walter Luis Aguirre, Graciela Analia Papaño, Silvia Marina Sanfilippo, Juan Fabián López, Leonardo Hector Berridy, Mirta Brancaleone, Andrés Horacio Rodríguez, Dante Javier Pérez, Nilda Elba Gino de Hissa, Liliana Eugenia del Carmen Ciuffo y Gladys Maria Ciuffo, Alberto Morcos Manzur, Jorge Gabriel Barbajelata, Dante Omar Pierre, Karime Elba Raed, Alicia Susana Cid, Juan Carlos Miranda, Claudio Marcelo Pérez y Jorge Federico Closa, al cumplimiento íntegro de los contratos y al efectivo cumplimiento de las obligaciones a su cargo mediante el pago en dólares de las cuotas pactadas con más los interese legales, e integrando -en su caso- la diferencia resultante en las cuotas correspondientes y abonadas a cuenta en pesos.-

3) Imponiendo las costas a los vencidos (art. 68 del C.P.C.).-

4) Difiriendo la regulación la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes al momento que obre en autos base firme para determinarla.-

NOTIFIQUESE personalmente o por cédula. REGISTRESE.-PROTOCOLICESE.-

 

FDO. DR. JOSÉ AGUSTÍN RUTA, JUEZ